Burlando aseguró que identificaron al sospechoso N°11 que habría participado del crimen de Fernando

El abogado Fernando Burlando, que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, aseguró que ya identificaron al sospechoso número 11, que aparece en algunos videos junto a la patota que asesinó al estudiante de abogacía.

Además, el letrado adelantó que pedirá que sean nuevamente detenidos Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los dos rugbiers liberados esta semana por falta de mérito.

“El mismo lunes o martes vamos a apuntar al ‘número 11’, a pesar de que la fiscalía lo ha negado. Ya tenemos identificado al masculino, vamos a aportar claramente la imagen que surge de lo que tiene la fiscal”, aseguró el abogado.

Por otro lado, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, explicó que está previsto imputarles a los rugbiers el ataque cometido contra un amigo de Báez Sosa que intervino en la pelea para evitar que lo siguieran golpeando. Por otro lado no se descarta que los jóvenes deban ampliar sus indagatorias.

En simultáneo, la defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, adelantó que durante el transcurso de la semana apelará el fallo del juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, especialmente en cuanto al rechazo de las nulidades planteadas sobre una rueda de reconocimiento, una testimonial y las indagatorias.

De esas nulidades surgió además la presunta comisión de delitos que el defensor le adjudica a la fiscal de la causa y que dieron origen a un expediente penal que deberá investigar el fiscal de Dolores Mario Pérez.

Tomei cuenta con un plazo de cinco días para apelar la prisión preventiva de los imputados, y una vez presentado será remitido por el juzgado a la sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, integrada por Susana Darling Yaltone, Fernando Sotelo y Luis Defelito.

En tanto, el juez Mancinelli deberá analizar y resolver si los rugbiers están en condiciones de recibir una morigeración de la prisión preventiva y poder cumplirla de manera domiciliaria mediante monitoreo electrónico.