Las dos causas principales sobre las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires ya están en poder de la Corte Suprema

10:35 | Sábado 24 de Abril de 2021 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Los dos expedientes judiciales que concentraron el debate sobre las clases presenciales ya están en poder de la Corte Suprema. Ayer a la tarde, un juez porteño remitió al Máximo Tribunal la causa que originó el debate jurídico y politico. Horas antes hizo lo mismo el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, que intervino esta semana a raíz de una presentación de la Procuración del Tesoro.

La atención volvió a trasladarse al expediente principal, que tramita en la Corte Suprema, por la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el gobierno porteño el viernes pasado. Los abogados del Estado nacional trabajan contra reloj para presentar una respuesta, aunque tienen tiempo hasta el martes.

Por estas horas nadie se anima a adelantar cuándo resolverá la Corte. Los plazos podrían extenderse si le vuelve a pedir opinión a la Procuración General sobre el fondo de la cuestión. En la Ciudad se mantiene la expectativa por un fallo favorable.

Ayer, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 19 decidió enviar a la Corte el expediente que motivó la intervención de la Sala IV del mismo fuero, el domingo pasado. En ese momento, el tribunal dispuso la suspensión del artículo 2 del decreto 241 y le ordenó al Gobierno de la Ciudad que “en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Por estrictas razones de economía y celeridad procesal, corresponde remitir sin más trámite estas actuaciones, sus incidentes y acumulados, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano jerárquico común a ambas jurisdicciones”, dice la resolución firmada por un juez subrogante.

En el otro expediente, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó ayer la apelación de un grupo de padres contra su fallo, en el que le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no cumpla con la orden de la Justicia porteña. El martes, el juez aceptó la inhibitoria planteada por la Procuración del Tesoro y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa misma noche, la administración de Horacio Rodríguez Larreta no acató el fallo por entender que el magistrado federal no era competente y seguía vigente el fallo de la ciudad.

Furnari sostuvo ayer que los padres -los mismos que iniciaron la otra causa- no son parte del expediente ni pidieron serlo y por lo tanto sus apelaciones “no encuentran recepción legal en la norma de rito” y los rechazó por improcedentes. También mandó el expediente a la Corte: “Elévense -sin más trámite- las presentes actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Con los últimos movimientos, todas las miradas se concentraron en la Corte Suprema. El próximo martes a las 9.30 vence el plazo que el máximo tribunal le dio al gobierno nacional para responder la demanda de Rodríguez Larreta. Luego, la Corte puede pedirle opinión a la Procuración General de la Nación sobre el fondo del conflicto.

Mientras tanto, una decena de organizaciones de derechos humanos se presentaron en esa causa opinando a favor del decreto que buscó restringir la actividad en las escuelas hasta el 30 de abril.

El primer paso lo dio la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), bajo la figura de un “amicus curiae”, un instrumento jurídico que pueden utilizar terceros ajenos a una disputa judicial para expresas sus opiniones. Aunque todavía no fue aceptada en ese rol de “amigo del tribunal”, la APDH ya adelantó que está en contra de las clases presenciales, con argumentos muy simulares a los que se escucharon en la Casa Rosada.

No fue la única presentación. Horas después, una decena de organizaciones de derechos humanos adhirieron al “amicus curiae” de la APDH. El escrito tiene apenas dos carillas. Lo firman Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Ángela Catalina Paolin de Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), José Schulman (Liga Argentina por los Derechos Humanos), y Fernando Horacio Suárez (integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros.

La Corte todavía no contestó ambos pedidos pero los tuvo por presentados.