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La apuesta de la Casa Blanca por cambiar las condiciones en los tres países choca con el escepticismo de los analistas. Michael Camilleri, que juega un rol clave en USAID, explica a Infobae por qué es optimista pese a todo
Domingo 29 de Agosto de 2021
10:46 | Domingo 29 de Agosto de 2021 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
WASHINGTON DC - Afganistán vuelve a ser un escenario diabólicamente complejo para el presidente de los Estados Unidos. Pero no es el único, porque el gobierno de Joe Biden tiene otro desafío planteado en el que abundan los análisis escépticos: revertir el deterioro económico y social de Honduras, El Salvador y Guatemala para terminar así con la idea de que la única solución para sus ciudadanos es emigrar hacia el norte. Dominar al Triangulo Norte.
“Los desafíos crónicos en la región requerirán un compromiso sostenido, y estamos dedicados a ser un buen socio para los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras a medida que los abordan”, dijo Michael Camilleri, asesor senior de la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo (USAID), en una entrevista con Infobae.
Buen conocedor de la región, Camilleri sabe que el plan está repleto de peligros y obstáculos. Sabe, también, que muchos observadores en Washington critican el abordaje de la administración demócrata.
Michael Shifter, que a fines de este año dejará la presidencia del think tank Inter-American Dialogue, que ocupa desde 2009, dijo a Infobae que “hay que bajar expectativas”, porque los planes de Estados Unidos en Centroamérica “no tienen precedentes exitosos, con excepción del Plan Marshall hace más de 70 años”.
Y Daniel Runde, ex alto funcionario de George Bush (hijo) en la ayuda al desarrollo, dijo a Infobae que el problema es más amplio de lo que se cree: “Las elites de Centroamérica tienen que repensar su papel. Mientras se escapen en helicóptero, zafen con un guardaespaldas o se vayan a Miami, nada va a cambiar. Pero si fuera de sus países viven con vergüenza cuando se sabe de dónde son, de dónde vienen, quizás en ese momento estén dispuestos a cambiar cosas más profundas”.
Biden delegó en la vicepresidenta Kamala Harris el control y seguimiento del paquete de apoyo de 4.000 millones de dólares que el presidente pretende destinar a la región. Él ya cumplió ese papel como vicepresidente de Barack Obama, sabe que es complejo. Y ya en junio, antes de viajar a Guatemala y México para lanzar el plan de su gobierno que apunta a bajar la presión migratoria, Harris tuvo un primer aviso de que las cosas serán muy difíciles. Le llegó en forma de un muy duro artículo en “The New York Times”.
“En Guatemala, que ha recibido más de 1.600 millones de dólares de ayuda estadounidense en la última década, los índices de pobreza han aumentado, la desnutrición se ha convertido en una crisis nacional, la corrupción es desenfrenada y el país envía más niños no acompañados a Estados Unidos que a cualquier otra parte del mundo”, señaló el periódico.
“Esta es la cruda realidad a la que se enfrenta la señora Harris al asumir la responsabilidad de ampliar el mismo tipo de programas de ayuda que han luchado por frenar la migración en el pasado. Se trata de un reto que inicialmente frustró a sus principales colaboradores políticos, algunos de los cuales consideraron que el encargo del señor Biden la llevaría inevitablemente al fracaso en los primeros meses de su mandato”.
El “New York Times” destaca además la “poca experiencia en política exterior” y nula “historia en la región” de la vicepresidenta, y se enfoca en los “riesgos políticos (...) evidentes” de “invertir miles de millones en una región en la que el presidente de Honduras ha sido vinculado con narcotraficantes y acusado de malversar el dinero de la ayuda estadounidense, el líder de El Salvador ha sido denunciado por pisotear las normas democráticas y el gobierno de Guatemala ha sido criticado por perseguir a los funcionarios que luchan contra la corrupción”.
El periódico añade que “entre 2016 y 2020, el 80 por ciento de los proyectos de desarrollo financiados por Estados Unidos en Centroamérica fueron confiados a contratistas estadounidenses” y concluye en que “gran parte del dinero desaparece en esas burocracias en lugar de llegar a la gente a la que intentan ayudar”.
El panorama es, entonces, sumamente complejo. Más que de “Triángulo Norte” podría hablarse de “Triángulo de las Bermudas”, porque El Salvador, Honduras y Guatemala amenazan con ser una aspiradora de buenas intenciones, un sitio en el que se esfume un proyecto de Biden que enlaza fuertemente la política exterior con la doméstica.
El propio presidente y sus asesores podrían en cierto modo evaluar en persona el éxito de su plan, ya que un gran porcentaje de los salvadoreños que emigran a Estados Unidos se instala a pocos kilómetros de la Casa Blanca: además del consulado salvadoreño en Washington DC existe otro en Woodbridge, Virginia, para atender la enorme cantidad de gente que dejó el país centroamericano y vive allí. Y existen otros 19 más repartidos por todo Estados Unidos. La situación es similar con Guatemala y Honduras.
Camilleri, que en USAID es el director ejecutivo del programa especial para el Triángulo Norte, estuvo en junio en El Salvador, Honduras y Guatemala junto a la máxima responsable del organismo, Samantha Power. Y saca conclusiones optimistas y pesimistas de aquella primera toma de contacto.
“Mientras estábamos en la región vimos muchas de las formas en que USAID está generando esperanza mediante la creación de oportunidades. Nos reunimos con jóvenes en riesgo, líderes indígenas, líderes del sector privado y personas que han aprovechado los programas de USAID en la región”, explicó Camilleri, que durante años tuvo un rol de alta relevancia en Inter-American Dialogue.
“Discutimos con líderes empresariales y funcionarios gubernamentales las vías legales para que los trabajadores de El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países trabajen temporalmente en los Estados Unidos bajo los programas de visas H-2A y H-2B y la importancia que USAID otorga a los derechos laborales en cada país. Visitamos los programas de USAID que están ayudando a los agricultores a producir más y mejores cultivos, apoyando a empresarios y pequeñas empresas, y ayudando a las personas a recuperarse de la devastación de los huracanes Eta e Iota”, añadió.
Cuando a Camilleri se le pide que resuma los objetivos del gobierno demócrata de cara a los tres países centroamericanos, el rol de la sociedad civil aparece como fundamental.
“USAID se está asociando con la sociedad civil, el sector privado, comunidades religiosas, organizaciones no gubernamentales y los gobiernos de la región para brindar esperanza y oportunidad a la gente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Buscamos mejorar la seguridad, fomentar las oportunidades económicas y promover la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho para que la gente de la región pueda construir su vida con confianza y seguridad en sus comunidades de origen”.
Suena ideal, pero también muy ambicioso, dada la situación que se vive en esos tres países, da a entender Runde, que ve un serio problema sobre todo en Honduras. Funcionarios en Washington, que hablan bajo la condición de mantenerse en el anonimato, creen que el país corre el peligro de convertirse en un narcoestado.
“Honduras tiene elecciones en cuatro meses. Hay que trabajar en elecciones limpias y que sean competitivas. Con un cambio de gobierno se puede empezar de nuevo”, dice Runde.
Shifter, en cambio, no pone muchas esperanzas en esas elecciones, que marcan el final de ocho años de mandato y dos presidencias de un muy cuestionado Juan Orlando Hernández. “Mucha gente dice que Venezuela es un narcoestado, pero Honduras está totalmente penetrado y dominado por el narcotráfico y la criminalidad. Y en las elecciones de este año no creo que haya ninguna perspectiva de que algo mejore”.
¿Es realista el Plan Biden para los tres países más conflictivos de Centroamérica? Shifter, con la debacle en Afganistán como escenografía, tiene sus serias dudas.
“Uno tiene que hacerse la pregunta incómoda de cuándo Estados Unidos ha tenido éxito atacando las causas principales en otros países, y no solamente en América Latina. El Plan Marshall tuvo socios más desarrollados y confiables que los socios en Centroamérica, que no son gobiernos muy estables, mucho menos comprometidos con los valores que está tratando de impulsar este gobierno, valores que yo comparto y que son muy admirables. Pero los gobiernos no están en lo mismo”.
“Es muy difícil ser optimista, creer que se van a atacar de manera sostenible las causas de la migración, que son la corrupción, la violencia, la falta de oportunidades económicas, la frágil gobernabilidad... son cosas muy profundas que va a ser muy difícil cambiar”.
“Eso no quiere decir que Estados Unidos no debería comprometerse a hacer cosas importantes y útiles, puede mejorar ciertas condiciones con ayudas bien dirigidas, pensadas y concebidas a contrapartes que tienen el mismo compromiso. Porque hay gente en Centroamérica con la que Estados Unidos puede trabajar. Pero hay que bajar las expectativas, y creo que la vicepresidente lo hizo en su visita a la región”.
Shifter puso la lupa sobre ciertos detalles, palabras y omisiones durante el paso de Harris por Tegucigalpa y Ciudad de México, donde cerró una alianza estratégica con el presidente Andrés Manuel López Obrador para trabajar en conjunto en el Triángulo Norte, que presiona sobre la frontera sur de México.
“Si Guatemala es el mejor socio, y si esa fue la lógica por la que la vicepresidenta Harris visitó ese país y no Honduras o El Salvador, eso es muy revelador, porque Guatemala no es precisamente conocida por su gran compromiso en la lucha contra la corrupción. La vicepresidenta, en su conferencia de prensa con el presidente (Alejandro) Giammattei, planteó temas en los que fue obvio que el presidente de Guatemala no está de acuerdo. El hecho de que Guatemala fuera señalado como el país en el que al menos se puede discutir estos temas, mientras que es imposible discutirlos con Hernández en Honduras y Bukele en El Salvador... Eso es muy revelador”.
El caso del presidente Nayib Bukele en El Salvador es otro problema endiablado para los Estados Unidos, cree Shifter.
“Bukele goza de una altísima popularidad y tiene una gran actividad en las redes sociales. También tiene una gran habilidad para conectar con la gente, sobre todo la gente joven. A diferencia de lo que sucede en Guatemala y Honduras en un presidente que tiene un respaldo muy alto, y no solamente respaldo, sino entusiasmo en la población, porque él es lo opuesto a los partidos tradicionales Arena y FMLN, que tuvieron su oportunidad y fallaron”.
“Pero Bukele es totalmente autoritario. La democracia y el sistema de contrapesos peligran en El Salvador. Y los medios de comunicación independientes, también, él los ha atacado y no acepta críticas de nadie, es un problema serio para la democracia”.
Si en Honduras preocupan las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) impulsadas por Hernández, enclaves con leyes y policía propias, el impulso de Bukele al curso legal de las criptomonedas es seguido con serios reparos por Washington.
“Estamos preocupados por la falta de gobernanza en todo el mundo cuando se trata de criptomonedas”, dijo James Walsh, subsecretario de Estado en la oficina de la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, en una reciente entrevista con Infobae.
“Desde la perspectiva de la seguridad de la aplicación de la ley sabemos que algunas de estas criptodivisas, y algunos de estos intercambios no están siguiendo las reglas que deberían seguir. Nos preocupan los países que se pliegan a estas criptodivisas con la falta de legislación y controles necesarios para asegurar que se está haciendo con fines ilícitos”.
El hombre en el Departamento de Estado a cargo del Triángulo Norte es Ricardo Zúñiga, que coordina esfuerzos con USAID y con Juan Sebastián González, el director de los Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Todo, con Harris como última jefa. Pero Zúñiga, diplomático de carrera y nacido en Honduras, es el brazo ejecutor de los aspectos más políticos en el plan de la Casa Blanca.
Estados Unidos dio a conocer recientemente una lista en la que figuran más de 50 personas “que se han involucrado en actos que socavan procesos o instituciones democráticas, han incurrido en corrupción significativa u obstruido investigaciones sobre tales actos de corrupción” en los tres países del Triángulo Norte.
¿Suficiente? Runde, que es hoy vicepresidente del Centro Internacional de Estudios Estratégicos (CSIS) y dirige allí el proyecto de prosperidad y desarrollo, está convencido de que la solución es sobre todo económica y de que hay una cifra mágica que cambia la tendencia en países en la situación de los centroamericanos: el 8.000.
“El número mágico es 8.000. Cuando un país llega a 8.000 dólares de renta per cápita, la gente deja de emigrar. Guatemala y El Salvador están en 4.000, y Honduras en 2.500. Se necesita mucho tiempo para llegar a 8.000...”.
El ex asesor de Bush cree que Estados Unidos no debe afrontar en soledad el desafío centroamericano. “Cuenta con México, sí, pero países como Argentina, Colombia, Japón, Taiwán, Canadá, la Unión Europea y el BID también pueden ayudar”.
Honduras es también sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), respaldado por países extrarregionales como España, México, Argentina, Colombia, Corea del Sur y Taiwán. Un BID a escala que financia todo tipo de proyectos.
Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014, señaló en un reciente artículo en “The New York Times” que las cosas son más complejas de lo que cree la Casa Blanca. Biden, dijo, “necesita entender que Centroamérica es más que el Triángulo Norte”.
“Antes de la pandemia se estimaba que más de 360.000 jóvenes de los tres países buscaban ingresar al mercado de trabajo anualmente, mientras que solo se generaban unos 127.000 nuevos empleos. Si a esto se suma que el ingreso medio de un trabajador en Estados Unidos es al menos diez veces mayor al de un trabajador en el Triángulo Norte, ninguna advertencia sobre los peligros que conlleva la travesía hacia el norte - como las que ha hecho Harris- disuadirá a los jóvenes centroamericanos de no emigrar. Solo un plan efectivo y sostenido de reactivación económica que genere oportunidades de empleo formal acompañado de políticas que fortalezcan el recurso humano, permitirá crear las condiciones para que los jóvenes se queden”.
Chinchilla puso así el dedo en la llaga: tanto Biden como Harris pidieron a los centroamericanos que no intenten colarse en Estados Unidos. Que esperasen, porque la situación mejoraría. Aquello fue visto por muchos como un “efecto llamada”.
En julio, durante una entrevista con Infobae, una de las latinas más influyentes en la Casa Blanca, Jennifer Molina, recibió una pregunta: ¿qué le diría a esos hombres, mujeres y niños que, como ella, quieren cumplir el “sueño americano”?
“Nunca nadie se quiere ir de su casa. La gente se va por desesperación, para buscar algo mejor. Con este nuevo presidente los Estados Unidos creen en el hecho de invertir en cada región con necesidades para que las personas no se quieran ir de su casa. Y para las que lo hacen estamos tratando de crear un sistema de asilo mejor, que en el mandato anterior fue totalmente destruido. Estamos en julio recién, pero muy dedicados a mejorar la situación”, dijo la mujer, nacida en Colombia y a cargo de hacer llegar el mensaje de Biden y Harris a las minorías en los Estados Unidos.
Con todo el optimismo y esfuerzo que le está imponiendo a su misión, Camilleri no se engaña. Es optimista, pero consciente de los múltiples obstáculos para el proyecto en el que está embarcada la Casa Blanca.
“La vicepresidenta Harris tenía toda la razón cuando dijo lo siguiente: ‘No importa cuánto esfuerzo hagamos para frenar la violencia, brindar ayuda en casos de desastre, abordar la inseguridad alimentaria o en cualquier otro aspecto. No lograremos un progreso significativo si persiste la corrupción en la región”.
“La corrupción -señala el funcionario de USAID- es una barrera fundamental para el desarrollo de la comunidad, el crecimiento del empleo y la prestación eficiente de servicios gubernamentales. La corrupción repele la inversión empresarial, robando oportunidades económicas y socavando la esperanza”.
“Como dijo la administradora Power en su discurso en la Universidad Centroamericana en El Salvador: ‘La democracia, una prensa libre, una sociedad civil sin restricciones, la separación de poderes, elecciones libres y transparentes, los derechos humanos básicos, es lo que garantiza la prosperidad y la estabilidad a largo plazo’”.
Viendo la situación en el Triángulo Norte, las condiciones que plantea Power parecen hoy inalcanzables. Camilleri, pese a todas las dificultades, apuesta por confiar en un futuro mejor.
“Me alienta la fuerza y la resistencia de la gente de El Salvador, Guatemala y Honduras, especialmente los jóvenes. En mi viaje en junio me reuní con muchas personas que, con una pequeña ayuda de USAID, una beca, un trabajo, un programa de capacitación o un pequeño préstamo para iniciar un negocio, habían logrado vislumbrar un futuro mejor para ellos y sus familias”.
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