Un duro informe aseguró que el gobierno de Venezuela practicó terrorismo de Estado después de las elecciones

16:47 | Miércoles 04 de Septiembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El informe sobre “El año negro de la dictadura 2024″, elaborado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), reveló que el gobierno de Nicolás Maduro practicó “Terrorismo de Estado” y puso en marcha “un clima de terror”, detenciones arbitrarias masivas y “el uso del temor generalizado como mecanismo de control social” en Venezuela.

El reporte analizó la crisis postelectoral y de derechos humanos que atraviesa el país tras las contestadas elecciones presidenciales del 28 de julio. La ola de represión que siguió a las protestas opositoras tras la proclamación oficial del triunfo de Maduro dejó 27 muertos, casi 200 heridos y unos 2400 detenidos.

El título del informe alude al libro “Venezuela bajo el signo del terror”, publicado en 1952 por el periodista José Agustín Catalá y que sería conocido como “el Libro Negro de la dictadura”. Allí se exponían las violaciones perpetradas por la tiranía de Marcos Pérez Jiménez (1952-58).

Qué dice el informe sobre “El año negro de la dictadura 2024″

El extenso informe, de 132 páginas, advirtió que “Venezuela vive uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea”.

“El clima de terror impuesto por las autoridades luego de las elecciones del 28 de julio ha ocasionado que el trabajo de las ONG, basadas en la fórmula de las Tres D (Documentar, denunciar y difundir) se haya tenido que limitar, en condiciones adversas, casi exclusivamente a documentar”, indicó. En este punto, señaló que miembros de estas organizaciones se encuentran entre los cientos de detenidos.

Además, alertó que “la aprobación de una ley contra las ONG, así como la designación de Diosdado Cabello como ministro de interior y justicia, quien desde hace años ha liderado la confrontación y persecución contra los y las defensoras de derechos humanos, obligó a disminuir el perfil público y tomar todo tipo de cuidados para la mayoría de las organizaciones”.

“Diferentes activistas, periodistas y líderes de sociedad civil han salido del país en las últimas semanas, incluyendo aquellas que tienen sus pasaportes anulados. Otros, preparan sus maletas. Los defensores, acostumbrados a hablar ´alto y claro´, deben moderar sus afirmaciones y hablar en público con metáforas y subterfugios”, dijo el reporte.

“Persecución política”

El informe aseguró que “todos los comicios electorales (desde que asumió Maduro en 2013) han estado marcados por un recrudecimiento en los actos de persecución política llevados a cabo por el gobierno nacional a través de sus distintos órganos. Las conductas persecutorias no solo se han repetido en cada período electoral, sino que también han aumentado en intensidad, frecuencia y sofisticación”.

“La situación previa y posterior a los comicios del año 2024 confirma esta apreciación. Aunque la campaña proselitista para las elecciones comenzaba formalmente el 4 de julio de 2024 el país se electoralizó a partir del 1 de enero, por lo que el aumento de la restricción en el ejercicio de los derechos civiles y políticos comenzó a partir de esa fecha”, indicó.

El reporte recordó que la líder opositora María Corina Machado fue impedida de participar en las elecciones por estar inhabilitada y preciso que tampoco pudo registrar su candidatura su sucesora, Corina Yoris.

Según afirmó, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 592 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela durante el primer semestre de 2024.

Además, datos de la ONG Ipys Venezuela y Laboratorio de Paz revelaron que hasta el 28 de julio por lo menos 58 sitios web y portales de información habían sido bloqueados por las operadoras de telecomunicaciones. También se cerraron al menos 17 estaciones de radio.

El informe reveló asimismo que este año se reportaron dos casos de ejecuciones extrajudiciales que presuntamente tendrían motivaciones políticas. Ellos son los de José Sánchez Acevedo en el estado Táchira, y Winder Molina, en Zulia. Al mismo tiempo, según datos procesados por el Laboratorio de Paz, durante los primeros 7 meses del año, antes del 28 de julio, por lo menos 169 personas habían sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas y hubo por lo menos 104 actos de hostigamiento contra líderes y activistas políticos.

En campaña, Provea denunció que ocurrieron por lo menos 20 casos de obstrucción de vías y restricciones al libre tránsito para evitar actos de la oposición. Además, 24 comercios fueron cerrados por colaborar con dirigentes antichavistas.

Embajada argentina: violación al derecho al asilo

El reporte recordó además el refugio otorgado a seis dirigentes opositores en la embajada argentina en Caracas. El gobierno de Javier Milei les concedió asilo, pero el gobierno de Maduro se negó hasta ahora a concederles salvoconductos para salir del país, en abierto desafío a las leyes internacionales.

“La negación de salvoconducto a las personas asiladas en la embajada de Argentina en Caracas vulnera varios convenios internacionales”, afirmó el informe.

Sobre las elecciones, Provea afirmó que en el 14,1% de los centros de votación “hubo coacción para seleccionar el candidato oficialista” y denunció 37 hechos de violencia.

Además, advirtió sobre el accionar de grupos paramilitares. Según afirmó, hubo “por lo menos, 86 actuaciones de grupos de personas motorizadas (conocidas como Colectivos), con frecuencia armadas, que actuaron con el objetivo de atemorizar a las personas que deseaban ejercer su derecho al sufragio o que deseaban permanecer en los alrededores de los centros de votación. En 6 actuaciones dejaron personas heridas de bala y, en 1, una persona fallecida. Las actuaciones ocurrieron en 17 estados del país, lo que sugiere tanto un nivel de coordinación como de tolerancia por parte de las autoridades”, indicó.

El informe denunció además irregularidades en la difusión de resultados. En ese sentido, alertó que en varias ocasiones “llegaron grupos de civiles armados para amedrentar y evitar que la ciudadanía se mantuviese en el centro electoral, para presenciar el escrutinio y conteo de las actas”.

Sobre los resultados de las elecciones, Provea citó la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Los resultados parciales no han podido ser verificados, puesto que no han publicado el balance desagregado por cada centro y mesa de votación, ni han presentado las actas que emiten las máquinas electorales. Se ha generado una exigencia ciudadana, acompañada de un llamado internacional exigiendo transparencia en la publicación y auditoría de las actas, que no ha sido atendido. En cambio, el CNE proclamó como presidente electo a Nicolás Maduro, sin haber ofrecido respaldo alguno de los resultados anunciados y sin atender a auditorías técnicas que podrían aclarar las dudas razonables en torno a los resultados electorales”, indicó.

Qué pasó en Venezuela después de las elecciones

El extenso informe reveló que después de las elecciones se multiplicaron los abusos. “El sistema se ha vuelto más eficiente en su capacidad para intimidar y controlar a la población”, sostuvo.

En ese punto, denunció la “persecución y obstrucción de la labor de testigos y miembros de mesa”. “Muchos de los testigos y miembros de mesa, que asisten a manifestaciones públicas, son luego víctimas de persecución, acuden a sus casas y en muchos casos, son citados a Fiscalía. En diferentes organizaciones políticas existen reiterados casos, en varias partes del país, donde les ha llegado citaciones de Fiscalía”, citó.

Además, denunció que al menos 10 periodistas fueron detenidos desde entonces por incitación al odio y terrorismo. También alertó que el gobierno intensificó sus medidas de vigilancia y censura digital. Numerosos sitios de la oposición fueron bloqueados, según advirtió.

El informe aludió a las protestas desencadenadas tras la proclamación de Maduro. “Luego del desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28J ocurren manifestaciones espontáneas en diferentes partes del país para exigir la difusión detallada de los resultados. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, hubo diferentes casos de actuaciones violentas por parte de los involucrados, acciones que no estarían amparadas por las garantías del derecho a la manifestación pacífica”, dijo.

“Entre los días 29 y 30 de julio, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, y en las que se observó la presencia de civiles armados, Colectivos, en al menos 119″, señaló. En total se vandalizaron 9 estatuas de Hugo Chávez.

El reporte reveló además que al menos 25 personas fueron asesinadas en las protestas. Según datos del Foro Penal del 29 de julio al 29 de agosto de 2024 ocurrieron 1590 detenciones arbitrarias, de las cuales 1369 eran hombres (86.1%) y 221 eran mujeres (13.9%). Al desagregarlas por edad, 131 eran adolescentes. En este punto Provea denunció desapariciones forzadas de corta duración y negación a la defensa. También denunció la “aplicación arbitraria, abusiva y, de forma masiva, de la legislación contra el terrorismo”, allanamientos sin orden judicial y la actuación de civiles armados en labores de seguridad ciudadana.

“Los ataques dirigidos contra la población civil venezolana percibida como opositora han seguido un patrón criminal que permite evidenciar el nivel de planificación, dirección y organización empleado en su implementación”, denunció. “Desde al menos el año 2014 y agudizado en este año 2024, en Venezuela existe un contexto de ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra aquella considerada como opositora al gobierno de Nicolás Maduro. En este contexto han tenido lugar diversos crímenes, siendo la persecución por motivos políticos el eje transversal de todos ellos”, reseñó.

Aplicación sistemática del terrorismo de Estado

Finalmente, el informe advirtió que “hay suficientes evidencias para sostener que, de manera coodinada, a diferentes niveles de la administración, se instrumentalizó el poder estatal como medio y recurso para cometer, de manera sistemática y generalizada, violaciones de derechos humanos”.

“Para el 30.08.24 una cifra de 6 comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo organismo regional en la materia, referidas a Venezuela luego de la crisis postelectoral caracterizaban las actuaciones de sus autoridades como “terrorismo de Estado”, indicó.

El informe reveló que “la actuación de las autoridades luego del 28J ratifica la continuación de la comisión del delito de persecución política en Venezuela, calificado como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma. Hay suficientes evidencias para determinar las responsabilidades de la cadena de mando”.

“El uso del temor generalizado como mecanismo de control social caracteriza, además, la actuación de las autoridades como ´Terrorismo de Estado´, actualizando una manera de reprimir que había tenido protagonismo y características propias durante las dictaduras latinoamericanas del siglo XX”, concluyó.