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Venezuela ordena más capturas de jueces, fiscales y políticos argentinos

El régimen de Nicolás Maduro anteriormente había exigido la aprehensión de Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Lunes 30 de Septiembre de 2024

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15:37 | Lunes 30 de Septiembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Continúa avivándose el fuego entre el Gobierno de Javier Milei y el régimen autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela. Tras distintas órdenes de captura emitidas entre ambos países, el mandatario chavista esta vez apuntó contra varios reconocidos funcionarios judiciales, políticos y un aeronavegante, todos argentinos, por el caso de Emtrasur. 

Se trata del secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, Waldo Wolff; los fiscales Carlos Stornelli y Diego Iglesias; los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens; también al experto en aeronavegación y político Franco Rinaldi; al diputado Ricardo López Murphy y el legislador porteño Yamil Santoro; y los abogados María Eugenia Talerico y Leonardo Camicher, entre otros.

Maduro había pedido días atrás la aprehensión de Milei, su hermana Karina, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el "robo" del avión venezolano-iraní de Emtrasur, la aeronave retenida durante el gobierno de Alberto Fernández y enviada a Estados Unidos este año. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó este pedido.

Fue Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela encargado de seguir esta causa, quien anunció la detención de los argentinos, sumándole un capítulo más a este conflicto diplomático. 

Cabe recordar que la aeronave llegó a Buenos Aires el 6 de junio de 2022 con una carga de autopartes de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para Volkswagen. El 8 de junio, dos días después de su llegada, el avión quiso volar a Uruguay para cargar combustible, pero el Gobierno de ese país le impidió aterrizar. 

Frente a esa situación, la Justicia argentina, bajo gestión de Alberto Fernández, retuvo a la tripulación de la nave, integrada por 15 venezolanos y cuatro iraníes. No obstante, todos fueron liberados con falta de mérito al no encontrarse culpables de ningún delito. 

Finalmente, partió rumbo a los Estados Unidos. El Boeing 747-300 matrícula YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur fue retirado del país mientras Venezuela reclamaba que le sea devuelto. El decomiso había sido pedido por la Justicia y el Gobierno de Estados Unidos, en base a la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur.

Todos los argentinos que recibieron orden de captura de Maduro

  • Javier Milei
  • Karina Milei
  • Patricia Bullrich
  • Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democraica .
  • Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina (segunda orden de captura)
  • Carlos Stornelli, fiscal federal.
  • José Agüero Iturbe, fiscal federal.
  • Pablo Bertuzzi, juez federal.
  • Leopoldo Bruglia, juez federal.
  • Mariano Llorens, juez federal.
  • Ana Cristina Juan, secretaria de la Cámara Federal de Buenos Aires.
  • Gerardo Milman, diputado nacional.
  • Ricardo López Murphy, diputado nacional
  • Federico Villena, juez federal.
  • Carlos Vallefin, juez federal.
  • Roberto Lemos Arias, juez federal.
  • Cecili Incardona, fiscal federal.
  • Diego Iglesias, fiscal federal.
  • Yamil Santoro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires.
  • María Eugenia Talerico, abogada y exvicepresidenta de la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Franco Rinaldi, excandidato a legislador.
  • Leonardo Camicher, abogado.

La Justicia argentina pidió formalmente la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

El juez federal Sebastián Ramos emitió una orden de captura internacional contra el presidente venezolano, su mano derecha Diosdado Cabello, y otros funcionarios del régimen chavista. El magistrado solicitó a Interpol recabar la información necesaria para activar las alertas rojas que permitirían su detención en el exterior y su eventual extradición a la Argentina.

El objetivo es que los funcionarios sean extraditados al país para ser indagados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. Entre los delitos que se les imputan se encuentran desapariciones forzadas, torturas y homicidios ocurridos desde 2014.

 

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