La OA deberá analizar si Adorni violó la Ley de Ética Pública al hacer campaña mientras ocupa un cargo nacional.
12:07 | Sábado 05 de Abril de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El candidato de Unión Porteña Libertaria (UPL) Yamil Santoro denunció ante la Oficina Anticorrupción (OA) a Manuel Adorni, vocero presidencial y postulante de La Libertad Avanza (LLA), por presunta utilización de recursos públicos para autopromoción durante la campaña electoral.
La denuncia sostiene que Adorni habría incurrido en autopromoción durante el ejercicio de su cargo como portavoz del Gobierno, lo que podría constituir una violación a los principios de equidad en la competencia electoral. Según Santoro, la doble función de Adorni como funcionario nacional y postulante en la Ciudad de Buenos Aires representa un conflicto ético.
“El uso de recursos y espacios públicos para hacer campaña atenta contra la transparencia y la igualdad de condiciones en el proceso electoral”, indicó Santoro, quien ya había solicitado a la OA que Adorni se tomara licencia mientras dure la campaña. Ante la falta de respuesta, avanzó con la denuncia formal.
La presentación fue acompañada de un pedido para que se investigue si el vocero presidencial incurrió en alguna infracción a la Ley de Ética Pública. También se solicita que se exija la suspensión de sus actividades oficiales mientras continúe en carrera electoral.
Desde el entorno de Santoro remarcan que no se cuestiona el derecho de Adorni a ser candidato, sino la presunta ventaja que implica su rol institucional y la exposición mediática diaria que conlleva. Consideran que esto podría influir en el electorado de manera desproporcionada.
Hasta ahora, Adorni continúa con su actividad habitual como vocero, brindando conferencias de prensa desde Casa Rosada y replicando sus intervenciones en redes sociales. Sin embargo, aclaró que no usará su cargo para hablar de la campaña porteña.
La OA deberá evaluar ahora si da curso a la denuncia e inicia un proceso de investigación administrativa. Mientras tanto, el caso suma un nuevo capítulo al debate sobre los límites entre la función pública y la actividad electoral en contextos de campaña.
