El PRO fulminó a Javier Milei por limitar las funciones de la UIF en causas de corrupción

14:31 | Viernes 18 de Abril de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

A partir del Decreto 274/2025, el Gobierno de Javier Milei limitó la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en causas penales por lavado de dinero y corrupción. El PRO, a partir de la Fundación Pensar, lanzó un informe condenando la medida e insistiendo en que la misma "debilita la capacidad del Estado para sostener estas acusaciones".

El presidente introdujo cambios significativos en las competencias de este organismo y también en las de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), afectando la investigación de delitos complejos y el manejo de información sensible. Entre las reformas destacadas están la eliminación de la facultad de querellar de la UIF y ampliación de facultades de la AFC.

Para el espacio amarillo, lo primero "debilita la capacidad del Estado para sostener acusaciones en casos de corrupción y delitos económicos complejos, como los emblemáticos Cuadernos, Hotesur/Los Sauces y Ruta del Dinero K. La UIF había sido clave en el análisis técnico y financiero en estas investigaciones".

Sobre el segundo punto, el informe apunta: "La AFC ahora puede intervenir en la gestión de ciberseguridad de la UIF, lo que genera preocupación sobre el manejo de información sensible protegida por leyes vigentes".

La Fundación Pensar critica estas medidas, argumentando que debilitan la posición del Poder Ejecutivo y, a la vez, cuestiona la fundamentación del Ministro de Justicia sobre "equiparar las armas" entre defensa y acusación, señalando que la UIF actuaba como auxiliar técnico del Ministerio Público Fiscal, fortaleciendo la acusación.

"Aunque no es común a nivel internacional que las UIF ejerzan la función de querellantes en procesos penales, cabe señalar que dicha prerrogativa no fue directamente objetada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -como se menciona en los considerandos del decreto- ni considerada incompatible con los estándares globales de prevención de lavado de activos", reza el comunicado.
 
Además, el think tank de María Eugenia Vidal detalla: "En el punto de revisión citado en el decreto, el GAFI planteó que la Argentina debe reconsiderar la posibilidad de que la UIF conserve la facultad de actuar como querellante o, alternativamente, establecer salvaguardas institucionales sólidas que aseguren la imparcialidad del organismo en el ejercicio de dichas funciones".

Añade que, entendiendo que el país está envuelto en una compleja trama de corrupción estructural, esta facultad se tornó una herramienta clave en el impulso y sostenimiento de investigaciones de alta sensibilidad institucional. "La UIF actúa como auxiliar técnico del Ministerio Público Fiscal, bajo la conducción estratégica del fiscal interviniente. Su intervención se orienta específicamente al análisis financiero y patrimonial de los imputados, aportando capacidades técnicas especializadas que fortalecen la acusación", deja en manifiesto.

Su exclusión, en base a lo que explica, lejos de corregir un desequilibrio procesal, debilita la capacidad del Estado. Esto se debe a que el organismo ha tenido un rol decisivo en la investigación y juzgamiento de casos complejos en causas judiciales de corrupción, comprobando ser una herramienta efectiva para el esclarecimiento y sanción de casos de corrupción, lavado de activos y delitos económicos complejos, especialmente en contextos de alto impacto institucional.

En rigor, las facultades de la UIF descansan en: impulsar líneas de investigación desatendidas por otros actores del proceso;
aportar peritajes técnicos en materia financiera y patrimonial; solicitar medidas cautelares para asegurar activos; y respaldar la acusación fiscal en juicio oral.

El uso que Mauricio Macri le dio a la UIF en causas de corrupción

Para poner en evidencia la eficacia de su rol, la Fundación recordó cómo actuó durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. En la causa Ciccone, la detención del exvicepresidente Amado Boudou fue solicitada exclusivamente por la UIF durante el juicio oral.

Luego, en la Ruta del Dinero K, fue el único actor que planteó el rol de Lázaro Báez como testaferro de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, aportando prueba indiciaria y solicitando en tres oportunidades la declaración indagatoria de la expresidenta, hasta que la Cámara Federal ordenó al juez su cumplimiento.

En el caso Muñoz, exsecretario privado de la hoy titular del PJ, se detectaron inversiones en el exterior por 70 millones de dólares provenientes de hechos de corrupción. La UIF impulsó la recuperación de más de 30 millones de dólares en las Islas Turks and Caicos, disputando incluso con la Corona Británica la prevalencia de medidas cautelares argentinas.

"Estas intervenciones resultaron decisivas no sólo para afianzar imputaciones, sino también para lograr la identificación y repatriación de activos sustraídos al Estado. Suprimir la facultad de querellar afectará investigaciones penales en curso y procesos próximos juicio oral como Hotesur /Los sauces o Cuadernos, limitando la capacidad estatal para actuar de manera eficaz en la etapa de juicio oral, donde la complejidad técnica de la prueba requiere especialización", analiza la Fundación de Vidal.