Comunidades huarpes reclaman al Gobierno la posesión de sus tierras y repudian el proyecto de ley de Cornejo

Referentes de las comunidades huarpes emitieron un fuerte comunicado solicitando el cumplimiento de la ley N°6920 y repudiando la intención del gobernador Alfredo Cornejo de derogar parcialmente la normativa que reconoce derechos sobre las tierras a las comunidades huarpes que viven en la zona de las lagunas de Guanacache.

"Manifestamos nuestro mayor REPUDIO Y RECHAZO al proyecto de ley enviado por el Gobernador Cornejo a la Honorable Legislatura de Mendoza para derogar la referida ley 6920. DENUNCIAMOS que el Gobierno de la Provincia como la Fiscalía de Estado de Mendoza 'durmieron' el juicio de expropiación iniciado en el año 2010 apañando turbios interés económicos ocultos para no respetarnos y permitir negocios con nuestra tierra ancestral.- Han pasado 15 años y todavía no cumplen con las formalidades para poder NOTIFICAR LA DEMANDA a los sujetos expropiados", comienza el escrito realizado por los referentes de las comunidades huarpes afectadas por el proyecto de ley que ingresó a la Legislatura.

"RECORDAMOS que no pueden dictar norma legal alguna sin cumplir con las obligaciones de CONSULTA PREVIA, FORMAL Y OBLIGATORIA que imponen los tratados internacionales obligatorios en la Republica Argentina que protege los DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. Nos opondremos con todas nuestra fuerzas y argumentos jurídicos para defender nuestros derechos sobre la madre tierra y el derecho ancestral que tenemos sobre la Pachamama.- En caso que nos afecten con la nueva ley nuestros derechos adquiridos, se realizaran las denuncias en los fueros internacionales y la búsqueda de la declaración de inconstitucionalidad de la misma ante la Justicia", cierra el escrito.

En contexto

Las comunidades huarpes de Lavalle sostienen un reclamo que data de más de una década, en concreto, piden que se cumpla una ley que les otorga derechos sobre las tierras que habitan. Si bien se había logrado un avance, a través de un proyecto de ley ingresado a la Legislatura, el gobierno busca derogar algunos artículos de la ley Nº 6920 dejando sin efecto las expropiaciones pendientes a los privados. El argumento del ejecutivo apunta a la conflictividad judicial y obstáculos que tuvo la aplicación de la normativa vigente.

La decisión del Gobierno provincial no fue bien recibida por las comunidades huarpes que habitan el secano ya que afecta los derechos que fueron adquiridos hace más de dos décadas. El malestar se acrecienta ya que no solo peligra la posibilidad de tener finalmente la propiedad de las tierras sino que no hubo una consulta previa ni comunicación por parte del gobierno y la noticia del proyecto de derogación de algunos artículos de la Ley N°6920 llegó de la mano de MDZ.

El detalle de las tierras

La ley en cuestión declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles ubicados dentro de una superficie de más de 700 mil hectáreas, que ocupa aproximadamente el 75 % del territorio del departamento de Lavalle y el 5 % de la superficie total de la provincia. Parte de esos terrenos son fiscales, pero la gran mayoría son inmuebles que están en manos de privados, en algunos casos bancos o sociedades anónimas.

En concreto, según el Gobierno provincial "todos los territorios fiscales, que son más de 100 mil hectáreas, fueron entregados a las comunidades. Lo que no se pudo hacer era entregar los terrenos que pertenecían a los privados. Quedaron sujetos a expropiación, se declararon expropiables pero no se pudieron expropiar por una cuestión económica". Si se tiene en cuenta la superficie afectada inicialmente la derogación parcial de la ley afectaría a 680 mil hectáreas aproximadamente.

El agua recorre el secano, tras una década de sequía. Foto: Comunidad huarpe Lagunas del Rosario

Versiones cruzadas

Las comunidades huarpes se reunieron este lunes junto al intendente de Lavalle, Edgardo González, que días atrás manifestó que no tenía información respecto de la iniciativa del gobierno provincial. Por su parte, el ministro de Gobierno, al ser consultado por la falta de diálogo con las comunidades respecto al proyecto de ley expresó: "Estuvimos en la Casa de Gobierno conversando con el intendente sobre este tema, puede que no recuerde porque fue hace 5 o 6 meses. En las últimas instancias de conversación con las comunidades, según me manifestaba el fiscal del Estado y el asesor de gobierno, no venían las comunidades sino sus abogados con la línea de tratar de avanzar en lo que la ley dicta pero lamentablemente no se pudo avanzar y por eso venimos con esta con esta derogación parcial".

"No es una medida que hayamos tomado directamente, es una medida que está ingresando a la Legislatura y ahí será un ámbito propicio para poder conversar con todos los sectores involucrados porque justamente ahí hay comisiones y posibilidades de debate. No es un decreto sino un proyecto de ley. Me parece que es el inicio de una discusión en el cual tenemos que escuchar a todos", destacó Natalio Mema.

"Vamos a tratar de demostrarles que esto es un beneficio para todos, estamos abiertos a debatir. No es una ley contra nadie, digamos. Es una ley para salir de una situación en la cual ha generado una indeterminación que se ha mantenido en el tiempo y que genera perjuicios de distintas índoles", aclaró.