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Una encuesta revela que el 36 % de los colombianos considera la inseguridad como el principal problema del país. El atentado al senador Miguel Uribe Turbay y múltiples ataques reavivan temores de un retorno a la violencia.
Miércoles 18 de Junio de 2025
13:40 | Miércoles 18 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Una reciente encuesta de la firma Invamer reporta un notable aumento de pesimismo en Colombia, atribuible al deterioro de la seguridad. El 36 % de los encuestados identificó el orden público como el problema más grave, por encima de la economía, la política o la corrupción, mientras el 89 % opinó que la inseguridad ha empeorado.
La situación se agravó por el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio en Bogotá. El ataque, cometido por un sicario adolescente, generó conmoción nacional y avivó temores sobre la vuelta a la violencia política de décadas pasadas. Además se registraron múltiples atentados simultáneos en el suroeste, con explosiones, ráfagas y coches bomba que dejaron al menos siete muertos, profundizando el ambiente de alarma.
Estos episodios han impactado en la figura del presidente Gustavo Petro, cuya aprobación cayó al 29 %, mientras que el 72 % desaprueba su política de "paz total". A su vez, el 59 % de la población considera que no hay garantías para una oposición democrática, un dato especialmente preocupante en vísperas de las elecciones de 2026.
El deterioro de la seguridad se manifiesta no solo en la violencia urbana, sino también en una crisis humanitaria. La ACNUR alerta sobre unos 7 millones de desplazados internos, mientras se reportan confinamientos masivos en el Catatumbo y áreas del Pacífico, a la vez que proliferan grupos armados ilegales como disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo.
Gran parte de este repunte se asocia a problemas estructurales. Tras la firma del acuerdo de paz de 2016, muchas regiones quedaron desprotegidas, lo que permitió la reactivación de disputas territoriales entre grupos armados, agravadas bajo la administración actual con políticas como el cese a la erradicación forzada de cultivos de coca.
Este debilitamiento institucional preocupó a la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló que más del 70 % del territorio nacional está invadido por actores armados ilegales, generando desplazamientos, confinamientos y amenazas a líderes sociales.
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