Gobierno de Noboa reabrió catastro minero para otorgar nuevas concesiones en Ecuador

14:01 | Jueves 19 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El 19 de junio, el Gobierno del presidente Daniel Noboa oficialesó la reapertura del catastro minero, una plataforma digital que habilita solicitudes para nuevas concesiones, tras haber permanecido cerrada desde enero de 2018 debido a irregularidades en la adjudicación de áreas.

La medida se implementará por fases. La primera etapa, ya en marcha desde el 16 de junio, se centra en la minería no metálica (canteras, calizas, arcillas y materiales de construcción). La segunda fase, prevista para septiembre, permitirá concesiones a la minería metálica de pequeña escala, mientras que la minería media y grande se habilitará a finales de 2025 o inicios de 2026.

El relanzamiento del catastro se enmarca en una estrategia destinada a reducir la minería ilegal, especialmente en la Amazonía y zonas fronterizas, donde grupos armados como los Disidentes de las FARC operan explotando oro sin control estatal. En ese sentido, se creó una tasa de fiscalización minera, vigente desde julio, que recaerá por hectárea de concesión, destinada a financiar las tareas de regulación y control ambiental de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).

Sin embargo, especialistas y organizaciones sociales cuestionan la eficacia de la medida. Abogados ambientales y referentes indígenas aseguran que una mayor oferta de concesiones no legaliza automáticamente hectáreas tomadas por mafias mineras, que incluso operan dentro de concesiones legales. Además, grupos como la CONAIE han advertido sobre el riesgo de contaminar cuencas hídricas y fragmentar territorios, comprometiendo 20 de 24 provincias.

También se denunció que los 229 millones de dólares que se prevé recaudar por la tasa podrían impactar negativamente en la inversión minera, especialmente en exploración.

Los informes de la OEA y la UNODC revelan que la minería ilegal está vinculada con el narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, lo que a su vez exige un enfoque más integral que incluya presencia estatal, desarrollo comunitario y justicia ambiental, más allá de simples concesiones.

A su vez, se han identificado casos de corrupción dentro de ARCOM y el Ministerio de Minas, donde la entrega de concesiones se habría realizado con irregularidades y sobornos, algo que el Gobierno asegura mitigar mediante la fiscalización y el nuevo sistema digital.