Día clave en el juicio político contra la jueza Julieta Makintach: este martes será la primera audiencia

11:35 | Martes 24 de Junio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Este martes 24 de junio de 2025, a las 11 h, se celebrará en el Salón Dorado del Senado provincial en La Plata la audiencia inicial del juicio político contra la jueza Julieta Makintach. En esta instancia, el jurado de enjuiciamiento evaluará si las siete denuncias —seis particulares y una del procurador Julio Conte Grand— reúnen méritos suficientes para iniciar formalmente el jury.

El jurado está compuesto por ocho personas: cinco conjueces titulares —Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Grillo Ciocchini (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora)— y tres suplentes —Alberto Biglieri, Lisandro Benito y Guillermo Andrés Marcos—.

En esta audiencia preliminar se decidirá si el jury continúa su curso: si las denuncias son admitidas, se procederá al apartamiento preventivo político de Makintach —ya está de licencia por 90 días— y se abrirá la etapa formal del proceso. En caso contrario, las acusaciones serán archivadas sin avanzar.

Las denuncias, presentadas por Julio Conte Grand entre otros, acusan a la magistrada de irregularidades durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, que resultó nulo. Entre las presuntas faltas se cuentan el acceso irregular de personas ajenas al tribunal, la autorización de grabaciones clandestinas para el documental “Justicia Divina”, el abuso de autoridad al impedir al personal policial actuar, la utilización de recursos públicos con fines personales, y la posterior negación de su implicancia en dichos hechos.

En el caso de que el jury avance, los denunciantes tendrán un plazo de 15 días para fundamentar sus acusaciones, tras lo cual Makintach dispondrá de otros 15 días para presentar su defensa. Luego, el jurado evaluará nuevamente el caso y podrán resolverse medidas como la suspensión con reducción salarial —hasta un 40 %— y la imposibilidad de renunciar, ya que quedaría sujeta al proceso judicial político.

Este procedimiento político, regulado por la Constitución nacional y provincial, tiene por objetivo determinar si una funcionaria judicial debe continuar en su cargo, sin entrar en cuestiones vinculadas a condenas penales.