La expresidenta busca entorpecer la captura judicial de propiedades y cuentas para responder a la devolución exigida por el TOF 2, equivalente a U$S 537 millones junto a los demás condenados.
Ante la Casación Federal exige que el reclamo sea derivado
17:04 | Martes 12 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
A través de dos escritos dirigidos a la Cámara Federal de Casación Penal, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, respondió a la intimación del juez federal Jorge Gorini para el pago del decomiso en el caso Vialidad. La suma que todos los condenados deben afrontar de forma solidaria asciende a 537 millones de dólares. Pero Cristina dijo “no tengo bienes” para hacer frente a esa cifra, pero la defensa discute el cálculo del dinero reclamado. En la presentación sostienen que el Tribunal no es competente y que esto debe tramitar en el fuero civil y comercial, por lo cual exige la suspensión de la ejecución patrimonial.
La ex presidenta tiene plazo hasta este miércoles para hacer frente al decomiso del caso Vialidad junto a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y los demás acusados. La cifra fue la avalada por el juez Gorini después de los informes periciales presentados por los profesionales de la Corte Suprema, de los representantes del Ministerio Público Fiscal y del perito de parte.
Pero Cristina dijo que no tiene patrimonio para afrontar el dinero que le reclaman, ya que lo que posee no es producido del delito investigado.
A ese argumento le añade otro cuestionamiento, el monto exigido es fruto de una cuenta que “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.
Sobre la relación del patrimonio y el delito de administración fraudulenta, la ex Presidenta dijo: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.
En otras palabras, añadió: “no tengo “bienes que sirvan a esos fines” y que consecuentemente puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.
Lejos de ello, continuó detallando Cristina Kirchner, “toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima. Esta afirmación no es una elucubración defensista, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”.
La discusión sobre los US$ 537 millones
El abogado Beraldi indicó que la decisión adoptada por el TOF 2 “carece de la más mínima fundamentación. Ello así, pues pese a las discrepancias notorias entre las metodologías propuestas por los peritos intervinientes, para actualizar el monto de decomiso el Tribunal adoptó el índice de precios al consumidor (IPC), sin explicar por qué descartó alternativas técnicas sólidas como la aplicación de tasas bancarias. Ello vulnera las exigencias constitucionales y legales que rigen la validez de las decisiones judiciales”.
Para llegar al monto que ahora quiere discutir Cristina, el Tribunal tuvo bajo estudio distintos cálculos. Los peritos contables de la Corte Suprema concluyeron que el decomiso en la causa donde la expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado debe ser de 684.990.350.139,86 pesos.
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, también ponderó el informe de los especialistas en representación del Ministerio Público Fiscal, que expusieron seis cálculos diferentes: el de mayor valor era el calculado con el CER - BCRA y daba $723.890.304.604,90. Utilizando el índice de inflación del INDEC, llegaron al mismo valor que los peritos oficiales: $ 684.990.350.139,86.
En contraposición a esos números, el perito que asumió en representación de Cristina, José Lucas Gaincerain concluyó que ella y los demás condenados debían responder por un decomiso de solo $42.494.357.845,17.
Sobre esos números, la defensa plantea que la sentencia original “estableció que el monto era provisorio” y que el mismo sería definido con intervención técnica cuando quedara firme, “pero el Tribunal lo tomó ahora como definitivo sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.
Se eligió el IPC recriminó Beraldi, “sin justificar “ y se pregunta por qué se descartaron otros métodos, “como tasas bancarias”. A modo de ejemplo se indicó que la metodología usada es “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, incluso del mismo tribunal, donde se aplicaron tasas bancarias, y cita el caso Hotesur. Beraldi aduce falta de fundamentación.
Es decir: En otros casos y causas conexas (Hotesur, Los Sauces) se utilizó la tasa activa del Banco Nación, “que en este caso arrojaría cifras cien veces menores”, sostiene el escrito.
Con el método usado, el monto en dólares triplica el valor que resultaría de criterios aplicados por la propia Fiscalía en otros cálculos, insiste el abogado.
Por ese motivo Beraldi solicita suspender toda ejecución patrimonial (depósitos, embargos) “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”.
Por ese motivo, requiere que los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña anulen la resolución, “ordenen dictar un nuevo fallo conforme a derecho y suspendan la ejecución patrimonial”.
