Solicitan juicio oral para hombre en situación de calle acusado de matar a golpes a un comerciante en Flores

11:02 | Jueves 28 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La madrugada del 9 de julio de 2025, en el barrio porteño de Flores, se produjo un violento episodio que derivó en la muerte de Rafael Chu, un comerciante de 61 años y ciudadano de origen coreano. Según la investigación liderada por el fiscal Pablo Recchini, Chu fue agredido por Gonzalo Andrés Aragón, un vendedor ambulante de 37 años que se encuentra en situación de calle desde hace dos años.

El hecho tuvo lugar en la avenida Rivadavia al 7200 y fue registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo Aragón mantuvo un altercado con Chu, le propinó un golpe en el rostro que lo hizo caer pesadamente al suelo, y luego le sustrajo objetos personales. Además, se observa que el agresor escupió a la víctima, le dio cachetadas y lo insultó antes de retirarse del lugar.

Chu logró reincorporarse y regresar a su domicilio, pero horas más tarde comenzó a presentar síntomas graves: escupía sangre, tenía dificultades respiratorias y perdió el conocimiento. Fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y luego derivado al Hospital Alemán, donde falleció. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una hemorragia meningo-encefálica producto de un traumatismo cráneo-encefálico, compatible con la agresión registrada en los videos.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad logró reconstruir el recorrido de la víctima y localizar al agresor gracias al reconocimiento de un oficial que ya había identificado a Aragón en otras oportunidades por hechos ocurridos en la zona de Plaza Flores. El imputado fue detenido el 20 de julio en el marco de otra investigación y posteriormente procesado por la jueza Alejandra Alliaud, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1.

La calificación legal que se le atribuye es “homicidio preterintencional en concurso real con el delito de robo simple”, lo que implica que la muerte no fue buscada ni prevista por el agresor, pero fue consecuencia directa de su accionar. Este tipo penal contempla penas de uno a seis años de prisión, según el artículo 81, inciso “b” del Código Penal.