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El Gobierno volvió a postergar la implementación del sistema procesal acusatorio en Comodoro Py

Ante el reiterado reclamo del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia fijó como nueva fecha el primer trimestre de 2026.

Miércoles 05 de Noviembre de 2025

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15:37 | Miércoles 05 de Noviembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El Gobierno volvió a postergar la implementación del sistema procesal acusatorio en Comodoro Py y fijó como nueva fecha el primer trimestre del 2026.

A través del Ministerio de Justicia, y pese al reiterado reclamo del Ministerio Público Fiscal, el Gobierno nacional resolvió que no será el 10 de noviembre la fecha para que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en los Tribunales de Retiro, al igual que en toda la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, responsable de la letra de la resolución que llevará la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la ausencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien solicitó licencia.

Los motivos que explican la nueva postergación son similares a los de la vez pasada. Desde el Ministerio de Justicia plantean que aún falta traspaso de personal y otras inversiones necesarias vinculadas a la infraestructura y la tecnología, requeridas por los fiscales.

Desde los Tribunales de Retiro remarcaron que la prioridad es que el sistema funciona correctamente y es por eso que postergaron la implementación del nuevo sistema para el primer trimestre de 2026.

La primera vez que el Gobierno postergó la implementación del nuevo sistema procesal acusatorio fue en agosto de año. En aquella oportunidad dispusieron que el aplazamiento sea hasta el 10 de noviembre.

La resolución llevará la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la ausencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien solicitó licencia. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
La resolución llevará la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la ausencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien solicitó licencia. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

En aquel momento, desde el Ministerio de Justicia argumentaron a través del decreto 530/2025 firmado por Cúneo Libarona que “a criterio del Gobierno Nacional se encuentran insatisfechas las condiciones para la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.

El texto aclaró que la Procuración General de la Nación, a cargo, interinamente, de Eduardo Casal, “ha informado que, desde su perspectiva, no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal es uno de los mayores desafíos que de nuestro país en materia jurídica, en medio de la marcada crisis que atraviesan el Poder Judicial y la Procuración General de la Nación en materia de cargos vacantes.

El 32,5% de los puestos de jueces nacionales y federales se encuentran vacíos. En el Ministerio Público Fiscal el 46,8% de los despachos se encuentran sin fiscales en carácter de titular.

Las claves del nuevo Código Procesal Penal Federal

Cúneo Libarona presentó el marzo del año pasado los detalles del nuevo Código Procesal Penal Federal, con el que destacó que buscan “una justicia eficiente y rápida“.

El ministro de Justicia explicó que a partir de este nuevo sistema toda causa será recibida por el Ministerio Público Fiscal, desde donde se resolverá cómo proseguir: “Primero analiza si vale la pena investigar eso, llamado principio de oportunidad. Luego, puede plantear un juicio abreviado, una probation o una reparación”.

Cúneo Libarona detalló que el sistema acusatorio significa la presencia de un fiscal que investiga, la defensa y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles jurisdiccionales”.

El funcionario destacó que esta reforma agiliza los tiempos de la Justicia: “Evitamos un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos”.

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