La actualización del informe ante el Consejo de Derechos Humanos expuso las prácticas más recientes de la dictadura chavista, mientras persisten restricciones a libertades y detenciones arbitrarias
17:12 | Martes 16 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de las Milicias Bolivarianas asociadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según la actualización de su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En su exposición sobre la situación del país, Türk afirmó que desde junio las condiciones no han mejorado y persisten graves restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, además de registrarse detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y severas dificultades socioeconómicas.
El funcionario alertó que tanto en septiembre como en noviembre, el Gobierno venezolano aprobó nuevas leyes de emergencia, cuyo contenido permanece sin publicarse. De acuerdo con Türk, estas normas otorgan al Ejecutivo “competencias de emergencia ampliadas citando amenazas externas”, pero al mantenerse en secreto, impiden cualquier tipo de monitoreo independiente y de evaluación de su adecuación al derecho internacional.
En su intervención, Türk señaló que se ha intensificado el proceso de militarización en la vida pública venezolana, lo que aumenta el riesgo de violencia y reduce el espacio cívico, ya limitado. Subrayó que su oficina recibió informes sobre el “alistamiento bajo coerción en las milicias bolivarianas”, confirmando que estas prácticas incluyen a menores de edad y personas mayores, una situación que calificó de especialmente grave desde la óptica del derecho internacional humanitario.
El alistamiento bajo coerción en
El alistamiento bajo coerción en las milicias bolivarianas afecta a menores de edad y personas mayores, advierte Volker Türk
Además, el alto comisionado consideró “chocantes” los reportes según los cuales las autoridades están promoviendo el uso de aplicaciones móviles patrocinadas por el Estado para que los ciudadanos denuncien a familiares, vecinos y colegas. A juicio de Türk, estas políticas generan miedo, desconfianza y propician la autocensura en la población.
El informe presentado por Türk representa una nueva advertencia por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, en línea con denuncias previas que ya documentaban detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y casos de tortura.
Navidad sin presos políticos
Familiares de presos políticos instalaron este domingo la denominada mesa de los que esperan en la Plaza Bolívar de Chacao, en el este de Caracas, para exigir la liberación de sus allegados antes de la celebración de la Navidad. La acción consistió en una larga mesa cubierta con un mantel negro, velas doradas y platos decorados con bambalinas que llevaban los nombres de los detenidos, la mayoría arrestados tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin mostrar las actas de votación que avalaran el anuncio.
La protesta en Caracas denunció
La protesta en Caracas denunció la negativa de las autoridades a permitir visitas y el irrespeto al debido proceso judicial (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Durante la protesta, los asistentes portaron pancartas que reclamaban el respeto al debido proceso y denunciaban la negativa de las autoridades a permitir visitas a los presos. Entre las consignas exhibidas se encontraban: “Venezuela se viola el debido proceso”, “a los familiares se les niega el derecho a visitar a los presos políticos”, “pensar distinto no es un delito” y “liberen a los adolescentes injustamente detenidos”.
La ONG Foro Penal informó en su último reporte, divulgado el 10 de diciembre, que en Venezuela hay 893 presos políticos: 774 hombres, 119 mujeres y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. El régimen de Nicolás Maduro y la Fiscalía General, que responde a los intereses del chavismo, niegan la existencia de detenidos por motivos políticos y argumentan que las personas privadas de libertad han cometido delitos tipificados en la legislación.
