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Los cambios se oficializaron con un decreto. El Ejecutivo remarcó que la contratación pública debe desarrollarse en un marco de “integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”.
Martes 06 de Enero de 2026
08:14 | Martes 06 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Gobierno aplicó cambios en el régimen de contrataciones del Estado para obra pública y amplió las restricciones vigentes. Ahora, no podrán prestar servicios aquellas empresas que tengan "conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas“.
Las modificaciones fueron formalizadas en el decreto 5, publicado este martes en el Boletín Oficial. A la hora de la contratación pública de obras, bienes y servicios, los organismos estatales deben evaluar las ofertas recibidas y verificar que los oferentes no integren las listas de inhabilitados elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Gobierno subrayó que la “contratación pública debe desarrollarse en un marco de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas” y justificó que “no es posible corroborar en ocasión” las listas de inhabilitados de los bancos multilaterales.

“La República Argentina debe adoptar las medidas necesarias tendientes a asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión. La corrupción deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta los servicios y prestaciones que debe brindar el Estado a los ciudadanos, distorsiona los incentivos y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos, debilitando el crecimiento y el desarrollo”, señala el texto.
Destacó, además, que el Estado tiene el rol de “implementar medidas a los fines de disuadir, prevenir y combatir el cohecho transnacional pueden ser de tipo penal, civil o administrativo, incluyendo entre estas últimas la exclusión, inhabilidad o inelegibilidad en procedimientos de selección para adjudicar contratos públicos”.
El Gobierno se prepara para una nueva etapa de su plan de privatizaciones, como informó TN. A finales de 2025, el Ejecutivo abrió el concurso para la venta de acciones que controlan Transener, la principal transportadora de energía del país y un paso clave hacia la privatización de Enarsa. La apertura de sobres está prevista para el 23 de marzo.
También avanza con la segunda etapa de concesión de las rutas nacionales. Se trata del tramo 2 que incluye las autopistas Ricchieri; Ezeiza-Cañuelas, así como partes de la ruta 3 y la 5. El 6 de febrero se conocerán las ofertas por más de 1800 kilómetros que hoy son operadas por Corredores Viales.
Con respecto a la hidrovía, ya se publicaron los pliegos para la reprivatización de la Vía Navegable Troncal: el período de consultas está activo y la licitación prevé la apertura de sobres el 27 de febrero.
AySA, Intercargo y Belgrano Cargas también está en la agenda de privatizaciones de la gestión de Javier Milei para los próximos meses.
La agenda de privatizaciones del Gobierno en arranque de 2026

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