En el marco de un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, extraditaron a una ciudadana chilena sobre la cual pesaba un pedido de captura de Interpol.
10:11 | Jueves 15 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La presente intervención se desprende de un hecho acaecido el 15 de agosto de 2017 en la comuna de San Bernardo, dentro de la vecina República de Chile. En horas de la tarde de aquella jornada, una mujer que empuñaba un cuchillo atacó a una menor de edad, hiriéndola en su rostro.
Sin embargo, no todo quedó allí: al vislumbrar la agresión, la madre de la víctima se interpuso y también resultó violentada, ya que la sospechosa le propinó una serie de puñaladas que impactaron gravemente en su brazo. Las heridas fueron de tal magnitud que le generaron un 60% de invalidez laboral y funcional.
Una vez iniciada la correspondiente causa judicial y al cabo de cinco años sin haberse obtenido los elementos requeridos que posibiliten materializar su debido arresto, el 10 de enero de 2022 las autoridades judiciales de Chile ordenaron su inmediata detención internacional, ante la sospecha de que se habría fugado de su país de origen. Luego de unos meses, en mayo de aquel año, agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires fueron solicitados por el Destacamento Policial Troncos del Talar de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a los fines de realizar una consulta de antecedentes de una mujer de nacionalidad chilena, quien había sido detenida por el delito de “Hurto”.
En consecuencia, los uniformados efectuaron una rápida compulsa de datos, al tiempo que procedieron a tomar comunicación con sus colegas de la OCN Santiago, considerando el origen de la detenida. De ese contacto se obtuvo un dato clave: la misma mujer presentaba una orden de detención en la República de Chile, en el marco de aquel delito perpetrado en su país allá por 2017.
En ese contexto, el Juzgado de Garantías de San Bernardo ordenó la publicación de una Notificación de Índice Roja de Interpol. Paralelamente intervino el Juzgado Federal de Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado.
Transcurrido el tiempo judicial y luego de un protocolar intercambio informativo entre las autoridades de ambos países, en noviembre de 2025 la Cancillería Argentina informó a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, la iniciación de las coordinaciones para dar comienzo al proceso de extradición.
Así las cosas, jornadas atrás arribó a nuestro país una comisión policial chilena para hacerse cargo de la custodia y traslado de la imputada, quien enfrentará el proceso judicial en su país de origen.
