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La Justicia intimó al Gobierno Nacional para que cumpla con la ley que beneficia a las personas con discapacidad.
Miércoles 21 de Enero de 2026
11:54 | Miércoles 21 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), explicó que la Justicia de Campana intimó al Gobierno Nacional para que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad. La ley, que fue ratificada por el Congreso, debe ser implementada en su totalidad antes del 4 de febrero. Goldman afirmó: "Ya no hay más tiempo, el 4 de febrero vence el plazo para que el Gobierno empiece a implementar la ley de forma concreta. No queremos más promesas ni movimientos administrativos, necesitamos soluciones reales".
La ley, según Goldman, es crucial para actualizar los aranceles que los prestadores de servicios para personas con discapacidad reciben del Estado, los cuales no se han ajustado desde diciembre de 2023, dejando a las instituciones en una situación financiera crítica. “Muchas instituciones no han podido pagar sueldos ni aguinaldos, y han tenido que endeudarse para seguir funcionando”, explicó.
Además, Goldman mencionó que la ley contempla un plan de compensación para las instituciones afectadas y un plan de pago para las deudas contraídas, como las que se generaron con ARCA. “Las familias y los prestadores están esperando que el Estado cumpla con lo prometido. Esta ley no es una sugerencia, es una necesidad urgente”, añadió.
El representante de CAIDIS también se mostró en desacuerdo con las afirmaciones del Gobierno sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de prestaciones. "Si hay personas que han cobrado indebidamente, estamos totalmente de acuerdo con que se investigue y se tomen medidas, pero eso no justifica que se deje a quienes realmente lo necesitan sin los recursos para vivir dignamente", afirmó.
Con el 4 de febrero como fecha límite, Goldman hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y cumplan con la ley, destacando que no cumplir con la ley podría traer consecuencias legales para los funcionarios involucrados.
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