La guerra tecnológica que se libra cada día en el SPP de La Rioja: Drones, Cápsulas de droga, Contrabando de celulares y estafas virtuales

10:24 | Sábado 11 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

... el uso de  drones desde baldíos linderos , estafas virtuales y visitantes ocultan estupefacientes en el estómago y el ano, detectables solo mediante tomografías.

El perímetro del penal de La Rioja tiene cámaras que registran lo que ocurre del lado de afuera. Lo que esas cámaras captaron en el último año forzó al Servicio Penitenciario Provincial a repensar sus protocolos de seguridad desde cero: personas apostadas en los baldíos colindantes operando drones para arrojar paquetes con celulares y droga hacia el interior de la unidad. No es una hipótesis de trabajo ni una advertencia preventiva. Es lo que el sistema de vigilancia perimetral documenta con regularidad.

El ingreso de tecnología y estupefacientes a las unidades carcelarias es un problema que ningún sistema penitenciario del país resolvió del todo, pero la sofisticación de los métodos que se registran en La Rioja marca un salto cualitativo que las requisas tradicionales ya no pueden absorber. La destrucción de los más de 100 dispositivos incautados durante el último año —concretada esta semana— cierra un ciclo de operativos sostenidos pero no resuelve el problema de fondo: por cada celular que se secuestra, el ingenio del sistema ilegal que busca reemplazarlo se vuelve más elaborado.

Cuando el cuerpo es el escondite

El caso más extremo que enfrentó el Servicio Penitenciario en el último período no involucra tecnología sino biología. El ojo humano y los detectores estándar dejaron de ser suficientes para identificar visitantes que ingresan estupefacientes: el método que obligó al servicio a escalar la respuesta es el de las cápsulas tragadas o introducidas en el ano, detectables únicamente mediante tomografías.

El procedimiento que esto exige es complejo en términos legales, logísticos y humanos: identificar actitudes sospechosas mediante un sistema de inteligencia propio, tomar la decisión de trasladar al visitante para realizarle estudios médicos, ejecutar la tomografía y procesar el resultado. Todo eso en el marco de una visita que, si no hay elementos suficientes para justificar la medida, puede derivar en conflictos legales para el servicio. El equilibrio entre el control efectivo y los derechos del visitante es una línea que el penal de La Rioja tiene que recalibrar cada vez.

La demanda de comunicación que no cesa

Detrás de la presión constante por introducir teléfonos táctiles hay una realidad que el sistema penitenciario conoce y no puede ignorar: la demanda de comunicación de los internos con sus familias es real y legítima. El Servicio Penitenciario Provincial la canaliza a través de teléfonos corporativos controlados, con un sistema de restricción informática —denominado internamente «control parental»— que limita el uso exclusivamente a las llamadas permitidas y bloquea el acceso a redes sociales.

El sistema funciona como contención, pero no elimina la presión. Los internos quieren acceso a redes sociales, quieren comunicación no mediada, quieren lo que los teléfonos táctiles ofrecen y los corporativos no permiten. Esa brecha es el motor que impulsa la búsqueda permanente de formas de vulnerar el control, y explica por qué la requisa no es un operativo puntual sino una actividad diaria sin pausa.

La dimensión judicial del problema

El control de la comunicación dentro del penal tiene además una dimensión que excede la seguridad interna: el vínculo con el crimen organizado fuera de los muros. El Servicio Penitenciario puso recientemente a disposición de la Justicia Federal un teléfono corporativo que estaría involucrado en una causa de narcotráfico, lo que confirma que el control de las comunicaciones en el penal no es solo una cuestión de orden interno sino una pieza de la investigación penal en causas de alto impacto.

Que desde el interior de una unidad penitenciaria puedan coordinarse operaciones de narcotráfico es el argumento más contundente a favor del control estricto de las comunicaciones. Y es también la razón por la que la destrucción de los dispositivos incautados no es un acto administrativo rutinario: es el cierre formal de una cadena de inteligencia que tardó un año en construirse.

Los drones sobre el baldío, las tomografías a los visitantes y los celulares destruidos esta semana son tres puntos de un mismo mapa: el de una institución que libra una guerra tecnológica y biológica cotidiana contra un sistema ilegal que no descansa y que, cada vez que el Estado desarrolla una respuesta, ya está diseñando la siguiente maniobra.