Sociedad

Acusaron a una empleada del Banco Nación de San Pedro por el presunto robo de $40 millones

La mujer de 36 años trabajaba como responsable del servicio de cajas y de la administración de cajas del tesoro en dicha sucursal.

Miércoles 22 de Abril de 2026

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16:32 | Miércoles 22 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

 Una empleada del Banco Nación de San Pedro fue imputada por el presunto robo de $40 millones a través de presuntas maniobras irregulares con fondos del tesoro de esa ciudad.

La mujer de 36 años, que trabajaba como responsable del Servicio de Cajas y de la administración de cajas del tesoro en dicha sucursal, fue acusada por el fiscal federal Matías Felipe Di Lollo —titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás—, en una audiencia llevada a cabo ante el juez de Garantías Carlos Villafuerte Ruzo, conforme a la información del sitio Fiscales.

El funcionario sostiene que M.C.N. se aprovechó de su función para retirar la cifra y realizó pases contables sin respaldo, a fin de esconder el faltante de dinero detectado por la Gerencia Zonal del BNA, que intervino en el lugar e implementó un control junto a personal especializado de San Nicolás y Pergamino.

El 31 de marzo de 2025, la implicada habría sustraído el monto del “tesoro reserva”, lo ocultó entre su ropa en una bolsa de nailon y se fue del banco, mientras que luego se registró un pase de fondos de 10.000.000 de pesos desde el “tesoro latón” hacia un cajero automático.

A su vez, se sospecha que la empleada, el 8 de agosto de ese mismo año, sustrajo fajos de billetes de $20.000 provenientes del “tesoro libre” y los llevó a un cajero para suspender deudas personales de tarjetas de crédito (Visa y Mastercard) por 16 millones de pesos, al tiempo que habría implementado pases virtuales por la misma suma con el objetivo de equilibrar los registros del tesoro.

Di Lello endilgó a la sindicada el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal, cuya pena oscila entre los 2 y 10 años de prisión.__IP__

El magistrado interviniente avaló los cargos, estableció un plazo de 90 días para la etapa penal preparatoria y dispuso el embargo del domicilio de la implicada y su inhibición general de bienes. 

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