Malvinas: qué es la Ley 26.659 y qué busca modificar Milei para endurecer las sanciones

La Ley 26.659 volvió al centro de la discusión por la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. La norma, sancionada en 2011 y modificada posteriormente en 2013, ya contempla prohibiciones, inhabilitaciones y sanciones penales para determinadas operaciones realizadas sin autorización argentina.

El debate se reactivó por el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, para la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas. Frente a ese escenario, el Gobierno modificó y llevará al Congreso una iniciativa que refuerce los castigos para las empresas involucradas.

Qué es la Ley 26.659

La Ley 26.659, sancionada el 16 de marzo de 2011, establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Su principio central es que esas actividades no pueden realizarse sin la correspondiente habilitación de la autoridad argentina competente.

La norma no alcanza únicamente a las compañías que realizan directamente la exploración o explotación. También prohíbe que personas físicas o jurídicas tengan participación directa o indirecta en empresas que desarrollen esas actividades sin autorización o que les presten servicios.

Además, contempla restricciones para quienes realicen operaciones comerciales, económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento destinadas a facilitar actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Esto significa que el alcance de la legislación puede extenderse más allá de la empresa que realiza directamente la actividad petrolera y alcanzar a integrantes de la cadena que colaboren con ella.

Qué sanciones establece la Ley 26.659

El régimen fue modificado en 2013 mediante la Ley 26.915, que incorporó sanciones penales para determinadas actividades realizadas sin autorización. Para actividades de búsqueda de hidrocarburos mediante exploración sin autorización, la normativa establece penas de 5 a 10 años de prisión.

En los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización, las penas previstas ascienden a 10 a 15 años de prisión. También contempla multas, inhabilitaciones y el decomiso de equipos y materiales utilizados. A su vez, establece inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para determinadas personas físicas o jurídicas que incumplan sus disposiciones.

Por qué se busca modificar la ley

Javier Milei, en cadena nacional

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El Gobierno prepara una iniciativa vinculada con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El proyecto apunta a endurecer las sanciones y podría alcanzar a empresas argentinas que brinden servicios, asistencia o apoyo logístico a compañías que desarrollen actividades en la zona sin autorización argentina.

El punto central del eventual cambio legislativo será determinar qué nuevas conductas quedarían alcanzadas y qué castigos adicionales se aplicarían. La legislación vigente ya contempla sanciones para actividades hidrocarburíferas no autorizadas, por lo que una eventual reforma implicaría ampliar o reforzar ese régimen.

Qué dijo Milei sobre Malvinas y las sanciones

Milei dedicó parte de su cadena nacional de este jueves a fijar la posición del Gobierno sobre la Cuestión Malvinas, en un contexto marcado por el avance de proyectos de explotación petrolera en las islas y por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición estadounidense respecto del conflicto de soberanía.

En ese sentido, adelantó que las medidas nuevas buscarán “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” que establece esa normativa. Además, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Presidente también aseguró que la Argentina utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales” para disuadir a los actores estatales y no estatales que, según planteó, violenten la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En paralelo, Milei sostuvo que la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos vinculados con las islas.