El abogado constitucionalista Pedro Caminos explicó por qué el juez rechazó suspender de inmediato la derogación de la ley y qué puede decidir la Corte Suprema en otra causa vinculada.
18:02 | Martes 06 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Multiplataforma Fénix, el abogado constitucionalista Pedro Caminos explicó el estado de las causas judiciales por la derogación de la Ley de Tierras, sancionada en 2011 para limitar la extranjerización del suelo. Según detalló, el diputado Miguel Ángel Pichetto y otro legislador presentaron una demanda ante la justicia federal para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó esa ley. Además, pidieron una medida cautelar para suspender su aplicación mientras se tramita el juicio.
Caminos indicó que la cautelar tiene dos partes. Una sigue su trámite habitual, y la otra era un pedido de medida provisional o interina, para suspender la derogación mientras se resuelve esa cautelar. Ese segundo pedido fue rechazado por el juez Alonso Reira, con el argumento de que no había urgencia. Explicó que, para que proceda una medida de ese tipo, quien la solicita debe demostrar que la aplicación de la norma causará un daño irreparable en un plazo muy corto. El juez, según interpretó, entendió que mientras avanza el juicio no se producirá una cantidad de ventas a extranjeros que le quite sentido a la ley.
El especialista se refirió además a otra causa, iniciada por una asociación de derecho ambiental y por comunidades de pueblos originarios, que también plantea la inconstitucionalidad del mismo artículo. Esa causa había tramitado de forma conexa con la del CECIM de La Plata, que la Corte Suprema rechazó la semana pasada con acuerdo de sus tres jueces. En este caso, en cambio, los jueces no coinciden, por lo que se sortearon conjueces. Caminos remarcó que, como en esta causa no hubo trámite del juicio, la Corte podría rechazar la demanda de entrada o enviar el expediente a primera instancia para que el juicio avance.
Consultado sobre si todo terminará en la Corte, respondió que lo más probable es que sí, en la medida en que las partes presenten los recursos correspondientes.
Por último, planteó que hay varias discusiones mezcladas. Una es si conviene o no tener una ley de tierras como la de 2011. La otra es institucional y tiene que ver con el DNU 70/2023, un decreto que, entre reformas, modificaciones y derogaciones, alteró unos 70 regímenes normativos. Lo calificó como un avance muy importante del Poder Ejecutivo sobre el Congreso. Recordó que el Senado ya lo rechazó y que la Cámara de Diputados todavía no se expidió desde 2023, por lo que, dijo, hay una mora del Congreso y de los partidos opositores.
