Comienza la despedida de Telefónica y Movistar de Argentina: qué pasará con los clientes

20:52 | Jueves 15 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

En diez días, la historia estará terminada. En ese tiempo se firmarán los contratos finales, y la operación de desinversión para que se traspasen unos 6 millones de clientes de la futura ex Movistar al nuevo operador estará completada. Y sellada.

Antes de fin de año, la nueva empresa de servicios de celulares llamada “Tuenti”, propiedad de Metrotel, tendrá vida propia. Y comenzará a competir con Personal (quien debió armar esta empresa para que la compra de Telefónica de Argentina esté autorizada), y los mexicanos de Claro, quienes, curiosamente, mantuvieron durante todo el proceso un silencio prudencial. Y algo sospechoso. Pero habrá algo definitivo: la trayectoria de Telefónica de Argentina y Movistar en el país será historia.

Así, la venta de Telefónica a Telecom por US$1.245 millones, concretada en febrero de 2025, cerró una historia empresarial de casi 35 años que había comenzado con una de las privatizaciones más emblemáticas del gobierno de Carlos Menem: la desaparición de Entel. La operación no sólo significó la retirada del grupo español del mercado argentino, sino que abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la concentración de las telecomunicaciones, al reunir bajo un mismo control a las dos compañías que habían nacido precisamente de la división de la antigua empresa estatal.

El origen de Telefónica en Argentina se remonta a 1990, cuando Menem decidió privatizar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), en el marco de su programa de reformas económicas. La encargada de ejecutar el proceso fue María Julia Alsogaray, designada interventora de la compañía estatal en 1989. Hija del histórico dirigente liberal Álvaro Alsogaray, María Julia se convirtió en una de las figuras centrales de las privatizaciones menemistas, especialmente por su actuación en Entel y posteriormente en otras empresas públicas.

La situación de Entel era crítica. Conseguir una línea telefónica podía demandar años de espera, el servicio presentaba frecuentes interrupciones y buena parte de la infraestructura necesitaba modernización. El Gobierno utilizó ese deterioro como argumento para transferir la operación al sector privado, aunque el proceso también recibió cuestionamientos por sus condiciones económicas, el tratamiento de los trabajadores y las decisiones adoptadas durante la intervención.

El esquema elegido dividió el negocio en dos regiones. Telefónica de Argentina recibió la zona sur, mientras Telecom Argentina se quedó con la zona norte. Ambas compartieron la Capital Federal y obtuvieron derechos de exclusividad temporal en sus respectivos territorios. El consorcio que tomó el control de Telefónica estuvo encabezado por Telefónica de España, acompañado por Citicorp y grupos empresarios argentinos como Pérez Companc y Techint.

El 8 de noviembre de 1990 se produjo la transferencia efectiva de los servicios. La privatización se realizó mediante una combinación de pagos en efectivo y títulos de deuda externa argentina, que podían utilizarse para cancelar parte del precio de adquisición. El mecanismo fue defendido por el Gobierno como una forma de reducir deuda pública y atraer inversiones, pero también cuestionado por la valuación de los activos transferidos y las ventajas otorgadas a los adjudicatarios.

Durante los años noventa, Telefónica invirtió en digitalizar centrales, extender redes y multiplicar las líneas instaladas. La modernización permitió reducir las demoras para obtener teléfonos y mejorar las comunicaciones. Sin embargo, la exclusividad regional y las tarifas provocaron controversias. La competencia plena en telefonía fija comenzó a desarrollarse recién después de la apertura del mercado en 2000.

El siguiente gran negocio fue la telefonía celular. Primero llegaron Miniphone y Unifón, mientras que en 2004 Telefónica compró las operaciones latinoamericanas de BellSouth, incluida Movicom. En 2005 unificó sus servicios móviles bajo la marca Movistar, que se transformó en uno de los principales operadores del país. Paralelamente, desarrolló Speedy para internet y posteriormente avanzó sobre la fibra óptica, la televisión digital y los servicios integrados.

La crisis de 2001 representó otro punto de inflexión. La devaluación, la pesificación de los contratos y el congelamiento tarifario modificaron la rentabilidad de los servicios fijos. Telefónica cuestionó las nuevas condiciones regulatorias, aunque mantuvo sus operaciones y encontró en la telefonía móvil y la transmisión de datos los principales motores de crecimiento.

El grupo español también tuvo negocios audiovisuales. Durante años controló Telefe, hasta que en 2016 vendió la señal y sus activos asociados a Viacom por aproximadamente US$345 millones. La decisión anticipó una estrategia internacional orientada a concentrar inversiones en telecomunicaciones y reducir la exposición a determinados mercados latinoamericanos.

La venta de Telefónica y su final en Argentina

Finalmente, el 24 de febrero de 2025, Telefónica acordó vender su filial argentina a Telecom, controlada por Cablevisión Holding y Fintech. La operación fue anunciada públicamente al día siguiente y comprendió los negocios de Movistar, Tuenti, telefonía fija, internet y redes. La compra provocó objeciones regulatorias por el riesgo de concentración, especialmente en telefonía móvil y banda ancha.

En junio de 2026, la autoridad de competencia autorizó la adquisición bajo condiciones de desinversión de clientes, espectro e infraestructura. El objetivo fue preservar la presencia de operadores independientes frente al nuevo gigante de las comunicaciones.

Así terminó una etapa iniciada con Menem y María Julia Alsogaray. La privatización de 1990 había dividido Entel para crear dos grandes operadores privados. Treinta y cinco años después, uno de ellos compró al otro.

El anuncio de compra y venta de compañías más impactante de 2025 encontró al Gobierno en una posición crítica. Milei y su administración demostraron desde el comienzo que no tenían intención de avalar la operación. La visión presidencial fue negativa tanto desde el aspecto económico como político.

El proceso solo avanzó cuando quedó claro que en Madrid la decisión era irreversible y que el dinero ingresado por Telefónica no tendría retorno. Además, el principal accionista de la compañía española es el Estado español, con el que Milei mantiene una relación conflictiva.

Hay un dato central: Telefónica quería abandonar América Latina y Argentina lo antes posible. La salida del país formaba parte de una estrategia global.

¿Por qué no hubo negociación con otros grupos interesados? Fue una condición de los compradores finales. La operación debía ser a todo o nada: acordar un precio y cerrar la liquidación. Si desde Madrid hubieran buscado una licitación abierta, probablemente Telecom no habría participado.

La protesta oficial fue pública y quedó expresada en un comunicado de la Oficina del Presidente. En la Casa Rosada había otros empresarios considerados para quedarse con Telefónica Argentina: el grupo Werthein, Eduardo Elsztain y el grupo Mindlin. En algunos casos, el interés era más del Gobierno que de los propios empresarios.

Con el paso de las horas, sin embargo, la ansiedad oficial comenzó a ceder y se asumió una realidad: la venta de Telefónica era un caso cerrado.

Milei sostuvo siempre como argumento la Ley de Defensa de la Competencia, que establece mecanismos para evitar monopolios y garantizar una competencia justa. Allí se indica que cualquier operación que implique una participación igual o superior al 25% del mercado relevante debe ser revisada por el TDC.

Desde la lógica presidencial, Telecom pasaría a controlar cerca del 70% del mercado de telecomunicaciones y contenidos de cable, superando ampliamente ese límite.

Pero en Telecom tienen otra mirada. Desde el inicio de la operación sostuvieron que la competencia no debe medirse solamente dentro del mercado tradicional de telecomunicaciones, sino considerando la apertura del espectro a internet satelital.

El argumento central es la irrupción de Starlink, la empresa de Elon Musk, que ya domina el mercado satelital. Esa variable no fue considerada por el TDC ni por el Gobierno. Finalmente, para que avance el proceso, Telecom aceptó las condiciones impuestas. Eventualmente habrá tiempo para discutir correcciones.