Violencia de género: se reunió por primera vez el Consejo Federal, con la presencia de tres ministros nacionales

21:38 | Martes 04 de Mayo de 2021 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Por primera vez, este martes, se reunió el Consejo Federal para la prevención y abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios, creado en febrero por el Presidente luego de la conmoción social que causó el femicidio de Ursula Bahillo, en el que quedaron en evidencias gravísimas falencias en la respuesta judicial para proteger a la adolescente de la violencia de su ex pareja. Este primer encuentro se realizó en San Javier, Tucumán, con las provincias de NOA –que son las que tienen los peores índices de femicidios-- y lo encabezaron tres ministros del Gabinete Nacional: Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Géneros y Diversidad; Sabina Frederic, de Seguridad, y Martín Soria, de Justicia y Derechos Humanos. Estuvo también el gobernador anfitrión, Juan Manzur. El objetivo fue empezar a coordinar políticas contra la violencia de género con sus pares de Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero y miembros de los poderes judiciales y legislativos de esas provincias. A lo largo del año, se replicarán estas reuniones con las demás provincias. Todavía, por ejemplo, no hay un registro donde todas las jurisdicciones vuelquen los datos de las víctimas asistidas o que denuncian; en realidad, se creó a nivel nacional pero cada provincia debe adherir y sumar su información y eso todavía no lo hacen.

El tema tiene la complejidad de que tanto las políticas de prevención como de asistencia a las personas en situación de violencia de género, y la investigación judicial de esos casos, dependen de los sistemas de cada una de las provincias, y a pesar de la gravedad del problema –y el amplio reclamo social frente a la sucesión de femicidios-- no existían criterios rectores nacionales que unifiquen el accionar de las provincias. Ahora están esos lineamientos pero cada provincia debe incorporarlos. En esta reunión, se acordó con las seis provincias, su adhesión a una serie de medidas impulsadas por el gobierno nacional desde el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género. De las seis, Jujuy es con la que hasta ahora menos había podido articular Nación en esta temática (como en otras, por razones políticas).

“Esta primera reunión la estamos haciendo con las provincias del NOA porque es aquí donde los índices de femicidios son los más altos del país y nos obliga a redoblar esfuerzos”, señaló Gómez Alcorta. “Sin transversalidad no hay una política de género eficiente”, subrayó Soria. “La idea siempre es sumar, colaborar, coordinar y producir herramientas eficaces”, dijo Frederic.

¿Cuáles son los lineamientos que el Gobierno Nacional promueve que aceptaron llevar adelante las provincias para la prevención de femicidios, travesticidios y transfemicidios?

· El Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (SURGE), que depende de Seguridad. La idea es que se usen los mismos protocolos para tomar una denuncia y se tomen en cuenta los mismos indicadores de riesgo para dictar medidas de protección, algo que como quedó en evidencia en femicidios como el de Ursula Bahillo, cometido en Rojas, provincia de Buenos Aires, no ocurre.

· El Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), que creó el Ministerio de Mujeres. Apunta a que se cargue con el DNI de la mujer que recibe asistencia, tanto en el sistema de salud, áreas de género, seguridad y otras dependencias del Estado, para tener datos centralizados.

· La articulación entre las líneas 911 y 144. Suena raro, pero todavía no existe efectivamente en todas las jurisdicciones. Se busca algo tan obvio como que cuando se pida ayuda en una línea o en otra, no le digan a la persona que tienen que volver a llamar y se pueda hacer la derivación, según corresponda.

Las autoridades provinciales asumieron el compromiso, según se informó, de crear áreas especializadas en género en los poderes judiciales, promover el uso de pulseras electrónicas y dispositivos duales, adaptar las normativas referidas al uso de armas, establecer indicadores de riesgo comunes y capacitar a las fuerzas provinciales para agilizar el intercambio de información a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIEBU).

Un dato significativo es que los dispositivos duales, conocidos como tobilleras, para aplicar a los agresores para monitorear que no violen una medida de restricción de acercamiento a la denunciante, tal como informó este diario, se usan poco, menos del 50 por ciento, a pesar de que hay disponibilidad. Según datos del Ministerio de Justicia, que es el organismo que provee esta tecnología a pedido de las provincias, el uso en el NOA es el siguiente: en Catamarca tienen 5, y ninguno en uso; en Jujuy 20, y ninguno en uso; en La Rioja 50, y 25 en uso; en Salta 125, y 48 en uso; en Santiago del Estero 5 y 3 en uso; en Tucumán 105 y 65 en uso.

El mensaje que llevó la Nación a las provincias, además, fue que asuman el compromiso de replicar las capacitaciones de la Ley Micaela, que solo obliga a quienes se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Y se cree en cada provincia el Registro de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en su actuación en casos de violencia de género, como acaba de abrir el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Cifras de la pandemia

Durante el primer año de las medidas de ASPO/DISPO dictadas en el marco de la pandemia por covid-19 entre el 20 de marzo de 2020 y el 19 de marzo de 2021, se registraron 288 femicidios, de acuerdo con las estadísticas del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. La cifra da una frecuencia de 1 cada 30 horas, y muestra una pequeña reducción en el número de casos en relación al mismo período de un año anterior, cuando el mismo Observatorio registró 334 femicidios.

“Si bien no podemos hacer aseveraciones sobre dicha disminución de casos, la misma podría atribuirse a las restricciones de circulación dispuestas en el ASPO dado que podrían haber actuado como obstáculo para ejercer la violencia por parte de hombres no convivientes con las víctimas”, señala el informe. Un dato muy significativo que revela el informe es que el porcentaje de femicidas pertenecientes a fuerzas de seguridad creció un 32 por ciento, entre policías, militares y gendarmes, con respecto a la medición de un año antes.

Algunos datos destacados:

▪ 288 femicidios fueron cometidos entre el 20 de marzo de 2020 y el 19 de marzo de 2021

▪ 1 femicidio cada 30 horas durante el año de pandemia

▪ El 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas

▪ El 65% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima

▪ 46 víctimas habían realizado al menos una denuncia

▪ 20 víctimas tenían medidas de protección

Respecto del lugar donde ocurrieron los femicidios, se continúa observando que la vivienda de la víctima sigue siendo el espacio donde más expuesta se encuentra a la violencia. Del 20 de marzo de 2020 al 19 de marzo de este año el 64,9 por ciento de los femicidios ocurrió en el hogar de la mujer, un porcentaje un poco más elevado que el observado en el mismo periodo del año anterior: 60,8 por ciento.

¿Quién es el agresor?

En relación al vínculo de la víctima con el agresor entre un periodo y otro las cifras son coincidentes: tanto en el periodo sin ASPO como en el periodo ASPO/DISPO se encontró que el 42 por ciento de los femicidios fue perpetrado por la pareja y el 21 por ciento por la ex pareja. Al mismo tiempo, se observa un crecimiento en el porcentaje de agresores que son conocidos pero no familiares: entre el 20 de marzo de 2019 y el 20 de marzo de 2020 en el 3,3 por ciento de los casos el femicida era conocido mientras que en ASPO/DISPO este número creció al 8 por ciento.

Si se compara con el periodo sin medidas de aislamiento surge que hubo un 31 por ciento menos de denuncias en el periodo de ASPO/DISPO. Tal vez no pudieron llegar a realizarla o no se las tomaron. A esto, desde el Observatorio agregan que el porcentaje de femicidas pertenecientes a fuerzas de seguridad creció un 32 por ciento, entre policías, militares y gendarmes. 

Fuente: Página 12