Un dictamen del Colegio Público de Abogados concluyó que la SIGEN no tiene jurisdicción sobre la UBA ni otras universidades nacionales. Cuál es la única entidad autorizada para auditar.
21:17 | Viernes 15 de Noviembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En medio del debate por la autonomía universitaria, la Universidad de Buenos Aires (UBA) consultó al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para determinar si la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puede auditar sus cuentas. Los detalles.
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Según el dictamen técnico emitido, la SIGEN no tiene jurisdicción sobre la UBA ni sobre otras universidades nacionales, en defensa de la autonomía reconocida por la Constitución Nacional.
El documento emitido por el Colegio destaca que esta garantía impide que el Ejecutivo intervenga en la administración de las universidades. “Permitir una auditoría de la SIGEN sería un acto inconstitucional y una violación al sistema republicano de gobierno”, enfatiza el texto.
UBA: el rol de la Auditoría General de la Nación
El dictamen aclara que la UBA no está exenta de los controles estatales. Sin embargo, remarca que la supervisión externa debe ser realizada exclusivamente por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso y tiene atribuciones constitucionales para auditar instituciones con autonomía.
En cuanto al control interno, este debe ser gestionado por los órganos democráticamente elegidos dentro de la propia universidad, en un marco de cogobierno que garantice la autogestión y evite injerencias políticas.
Según el Colegio, esta estructura es clave para preservar la independencia de las universidades nacionales.
Críticas al accionar de la SIGEN
El Colegio Público de Abogados fue categórico al señalar que la SIGEN, al ser un organismo dependiente del Presidente de la Nación, carece de “jerarquía constitucional” para intervenir en universidades autónomas. Su competencia se limita a las jurisdicciones del Poder Ejecutivo.
Además, el dictamen apuntó a otros organismos, como la Procuración del Tesoro de la Nación, que tampoco tienen potestad para intervenir en la autonomía universitaria. Estas limitaciones, según el análisis, son fundamentales para proteger la independencia de las universidades y evitar decisiones unilaterales del Ejecutivo.
Un mensaje en defensa de la autonomía universitaria
El informe concluye con un fuerte mensaje sobre la importancia de preservar la autonomía universitaria como base para el desarrollo del país.
“La intervención del Poder Ejecutivo en la UBA o en cualquier universidad nacional no solo sería inconstitucional, sino que también atentaría contra el progreso académico y la democracia”, afirmó el Colegio.
De esta manera, la polémica sigue abierta, pero el dictamen deja claro que la autonomía universitaria es una línea que ni el Poder Ejecutivo ni la SIGEN deberían cruzar.
