Sociedad
Juan Carlos Parada justificó el funcionamiento del hogar para adultos mayores San Miguel Arcángel de Ezpeleta, que operaba de forma clandestina y fue denunciado por maltrato a ancianos.
Miércoles 05 de Mayo de 2021
14:27 | Miércoles 05 de Mayo de 2021 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
“Los abuelos están en perfectas condiciones, el acta del SAME dice que los abuelos están en perfectas condiciones”, repitió a los gritos Juan Carlos Parada frente a las cámaras y micrófonos que esta mañana se agolpaban frente a la casa de la calle La Guarda al 621, en la localidad bonaerense de Ezpeleta.
En el interior de esa vivienda, según consta en una investigación que lleva a la fiscal Mariana Curra Zamaniego de la UFI N°6 de Quilmes, funcionaba un geriátrico clandestino que esta semana fue clausurado en un allanamiento que duró más de 8 horas.
Parada fue identificado por fuentes de la causa a Infobae como el dueño del hogar para adultos mayores San Miguel de Arcángel de Ezpeleta, que hace casi dos meses fue denunciado por una mujer que trabajó ahí durante un día y quedó espantada por lo que vio. “Les pegan, los maltratan. Lo que vi fue horrible”, aseguró a los efectivos de la Comisaría 6° de Quilmes.
El hogar, que ya fue clausurado, efectivamente funcionaba sin habilitación e incluso había algunos residentes con marcas en las muñecas por haber estado atados.
Entre gritos, empujones, y ante la presencia de familiares de los internos y los médicos del SAME que esperaban para entrar a la residencia una vez más, Parada se justificó: “No tenía habilitación porque la municipalidad estuvo el 4 de abril acá y me dijeron que en época de pandemia no daban habilitaciones. Los abuelos estaban acá porque yo los mudé hace un año, los familiares vinieron y vieron la propiedad”, explicó frente a la puerta de rejas blancas con la faja de clausura.
Sin embargo, fuentes de la Municipalidad consultadas por Infobae afirmaron: “No se acercó ni consta en registro ningún Juan Carlos Parada a averiguar sobre habilitar algún geriátrico. De todas formas, no podría haber abierto sin habilitación del Municipio de Quilmes, y mucho menos, sin la correspondiente habilitación de Salud la provincia de Buenos Aires.”
Parada, efectivamente, era dueño de otro geriátrico que también funcionaba en la zona sur del conurbano. Después de cuatro clausuras por hacinamiento e incumplimiento de normas sanitarias básicas, el hombre decidió cerrar ese lugar a fines del año pasado.
Cuando los efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron este martes al lugar, se encontraron con 14 personas mal alimentadas que pedían auxilio. Dos de ellos estaban atados en ese momento. En el acta municipal se constató que los adultos mayores dormían en 2 habitaciones con 4 camas cada una y en un garage en el que habían insertado 6 plazas más.
“Ayer vino el médico del SAME y el médico legista. El acta dice que los abuelos están en perfectas condiciones y que el geriátrico está clausurado por falta de habilitación”, explicó Parada. “Los familiares van a ver ahora a donde llevan a sus familiares y esto quedará cerrado”.
“Sobre la salud de los abuelos… acá tenés a los familiares para que te digan”, siguió, a los gritos y señalando entre las cámaras a un hombre que estaba parado detrás de las cámaras. “¿Cómo está tu mamá?”, le preguntó. El supuesto cliente lo respaldó: “Yo quiero que mi mamá quedé acá porque la atienden perfecto. Dejen este atosigamiento y vean cómo están. Se van a dar cuenta que esto es una farsa”.
Los periodistas le consultaron por los videos que evidenciaron los maltratos: “La abuela estaba atada para que le dieran una pastilla”, argumentó.
Uno de los investigadores, sorprendido, contó a este medio una respuesta similar de los parientes: “Si bien no pudimos dejar entrar a los familiares por cuestiones del COVID, les comentamos la situación y les explicamos lo mal que vivían los ancianos. Algunos nos creyeron y decidieron llevárselos pero otros prefirieron igualmente que se queden ahí porque no tenían donde alojarlos y, según ellos, el municipio no les daba una respuesta”.
Atrás del hombre apareció otra mujer, que se identificó como la ex dueña de propiedad donde funcionaba el hogar, que además es hija de una de las residentes, que padece Alzheimer y que, según ella, prestó su aval para que se llevara a cabo al venta. La Justicia investiga ahora si esa compra se llevó adelante de forma irregular. “Mi mamá está perfecta acá, las enfermeras son una hermosura”, dijo. “No van a lograr que diga otra cosa”.
Sin embargo, en la investigación que encabeza la fiscal Curra Zamaniego se comprobó que ninguno de los empleados del lugar era enfermero o tenía algún tipo de experiencia en cuidado de ancianos. Al momento del allanamiento los policías y la fiscal fueron recibidos por una mujer de maestranza y una cuidadora que había empezado a trabajar hacía poco tiempo y que antes atendía una verdulería.
En ese momento apareció una mujer, visiblemente alterada, que aseguró que trabajó tres días en otro geriátrico que administraba Parada y que no toleró el espanto. “No teníamos con qué trabajar. No teníamos estufa, no les daban bien de comer. Los abuelos no tenían nada y ellos cobraban fortunas”, expresó a los gritos la mujer que se identificó como Patricia García y que frente a las cámaras golpeó a la mujer que aseguraba haber vendido la casa donde funcionaba el geriátrico en el que vive su mamá.
“Mi hija trabajaba con él [en referencia a Parada] en el campo. Vine acá porque lo vi la tele y no sabés la impotencia que tengo”, agregó, cada vez más alterada. “En su momento no lo denuncié porque no me animé. ¿Cómo no querés que venga? Sos un sinvergüenza de mierda ¡Tranquilizate las pelotas!”.
Después de los empujones y los gritos, Parada cruzó la calle y autorizó al personal del SAME a entrar al geriátrico, pero aclaró que no iba dejar que hisoparan a los ancianos, porque los familiares se oponían. Fuentes del caso confirmaron que varios de los familiares pidieron que se quedaran allí. Se encontró comida podrida en heladeras y un médico pudo constatar que los ancianos estaban “dopados de más”, según una fuentes del caso. Se encontraron historias clínicas, visiblemente incompletas.
El costo mensual, según documentos encontrados en el allanamiento, era económico para un geriátrico: 25 mil pesos mensuales.
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