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Diputados: Luis Petri defenderá la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo

El miércoles próximo el ministro de Defensa acudirá a la Cámara baja donde se discutirá la modificación de la ley de Seguridad Interior. Cuáles son los principales cambios y cómo será el nuevo rol de los militares.

Lunes 19 de Agosto de 2024

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18:36 | Lunes 19 de Agosto de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El próximo miércoles 21 la Cámara de Diputados será el escenario de uno de los debates legislativos más calientes de la presidencia de Javier Milei: la modificación de la ley de Seguridad Interior para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas para en los operativos de seguridad interna. Según supo PERFIL, el próximo miércoles a las 17 Luis Petri defenderá ante los legisladores un artículo clave de la normativa, que busca habilitar la intervención de las FF.AA. en casos de terrorismo, bajo requerimientos específicos.

El proyecto de ley prevé ampliar el rol de los militares en materia de seguridad pública, algo que estaba limitado únicamente a cuestiones que atentaran contra la integridad territorial. En caso de ser aprobado y reglamentado, tendrán funciones como patrullajescontroles de personas y vehículosvigilancia de edificios, y la aprehensión en flagrancia, es decir, cuando una persona es sorprendida en el acto cometiendo un delito grave, incluyendo actos relacionados al terrorismo.

En tanto, la iniciativa desató un aluvión de críticas ya que apunta a modificar una de las leyes de Seguridad Interior (N° 24.059) y Defensa (N° 23.554), que limitaron el accionar de las FF.AA. después de la última dictadura cívico militar, donde la militarización de la seguridad pública estuvo asociada al terrorismo de estado y las consecuentes violaciones a los derechos humanos.

En marzo, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) habían anunciado el proyecto oficial de ampliar la intervención de las FF.AA (preparadas exclusivamente para la defensa nacional ante agresiones externas) hacia asuntos de seguridad interior que hasta el momento están prohibidos, con excepciones ligadas a casos de conmoción interna, como la declaración del estado de sitio o catástrofes naturales. 

Ocurrió en plena crisis narco en la ciudad santafesina de Rosario, después de que una ola de asesinatos forzaran la convocatoria a un Comité de Crisis que involucró a autoridades locales, provinciales y nacionales. Estos hechos fueron posteriormente calificados como parte de un supuesto accionar "narcoterrorista", una diferencia conceptual que habilitó el debate respecto al abordaje estatal del crimen organizado.

Cinco meses después, el Poder Ejecutivo presentó ante la Comisión de Defensa de la Cámara baja, presidida por Ricardo López Murphy, el proyecto de ley para modificar la ley de Seguridad Interior, abriendo la puerta a un cambio significativo en la doctrina de Defensa y Seguridad en el país.

Qué dice el proyecto de ley que defenderá Luis Petri en Diputados

Según supo PERFIL, el próximo miércoles a las 17 Luis Petri defenderá ante los legisladores el artículo 27 del proyecto de ley que busca dar luz verde a la participación de las FF.AA. en operaciones de combate al terrorismo, definidos bajo el artículo 41 del Código Penal, y siguiendo requerimientos específicos.

"En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal (...) el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas realicen patrullajecontrol de personas y vehículosoperaciones de control en puestos fijos o móviles; control y vigilancia de instalaciones inmueblesaprehensión en flagrancia", reza el texto de la normativa que fue presentada el 5 de agosto.

En caso de aprobarse el proyecto de modificación de la ley de Seguridad Interior, estas nuevas funciones que adquirirán los militares bajo pedido del Ejecutivo se sumarán a la función de "apoyo" que ya tenían en la seguridad pública, y que involucraba, en caso de ser solicitado, la puesta a disposición de "arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones".

En línea con la historia reciente, marcada por violaciones a los derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad, la nueva normativa indica que el Comité de Crisis, a través del ministro de Defensa, será el encargado de convocar a las FF.AA. También obliga a especificar las "posibles acciones a desplegar", así como "el área geográfica de actuación" y el "tiempo de duración".

"En caso de detectar un presunto delito, las Fuerzas Armadas deberán adoptar las acciones necesarias para hacer cesar sus efectos y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal o juez competente, según corresponda", aclara el texto.

Con respecto al uso de la fuerza por parte del personal militar, éste quedará enmarcado en las mismas reglas que rigen para las fuerzas federales, que a priori no deben atacar sino prevenir y usar la fuerza de manera "racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión disponibles". Asimismo, bajo este nuevo marco legal sus acciones serán "no punibles", por lo que tendrían inmunidad en estos casos.

Otras modificaciones a la Ley de Seguridad interior

El proyecto de ley, que lleva la firma de los ministros de Defensa y Seguridad, del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, prevé otras modificaciones en el organigrama de los ministerios.

La cartera de Seguridad, a cargo de Bullrich, pasará a tener un rol protagonista al encabezar los Comité de Crisis que en ciertos casos incluirán la participación del ministro de Defensa, gobernadores y el jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas, dependiendo de la jurisdicción del hecho que motive su convocatoria. De esta forma, reemplazarán a los ministros de Interior y de Justicia, los encargados de manejar la situación según la normativa vigente.

En otro punto a favor de la doctrina de "mano dura", impulsada por la ministra y expresidenta del PRO, el proyecto además incluye al Servicio Penitenciario Federal en las funciones de coordinación, capacitación y equipamiento, que anteriormente estaban dirigidas únicamente a las otras fuerzas federales: policía Federal, policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval.

 

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