Engañaron a las autoridades judiciales al consignar solo medio kilo secuestrado. También se llevaron 20 armas y 50 mil dólares que no reportaron. Agentes federales allanaron la sede policial donde prestan servicio
19:55 | Miércoles 02 de Octubre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Ocho policías de una fuerza especial de Rosario tienen orden de captura de la Justicia Federal por haber dispuesto un allanamiento ilegal en una vivienda donde había droga y retenido, sin dar cuenta a la autoridad judicial, lo que en realidad encontraron. Los policías están sospechados de haberse quedado con entre 12 y 15 kilos de cocaína, 50 mil dólares y unas veinte armas de fuego.
Se allanaron los domicilios de los ocho sospechados y también la sede en Rosario de la repartición en la que revistan, que es la Policía de Acción Táctica de Santa Fe. Cuatro de los efectivos quedaron detenidos a primera hora de esta mañana durante un procedimiento asignado a la Policía Federal y Gendarmería Nacional, que se encuentra en curso. La acción por la que están sospechados ocurrió el 13 de agosto pasado en una vivienda de la zona oeste de Rosario. Con ese operativo los policías estafaron a la Justicia al contar una versión completamente diferente de lo ocurrido.
El caso compromete al jefe del grupo de servicio, al subjefe y a otros seis policías que integraban el tercio de la dotación. Preliminarmente serán imputados por al menos seis delitos: privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, asociación ilícita, robo agravado, falsificación ideológica e infracción a la ley de drogas.
Según confiaron los investigadores a LPO, la acción de los policías fue de una temeridad descarada, por la voluminosa partida de cocaína que sustrajeron y por haber engañado a fiscales y jueces sobre el desarrollo del operativo. Primero el jefe del tercio de la PAT a cargo de la operación reportó al Ministerio Público de la Acusación (MPA, según refirieron fuentes judiciales a LPO, el hallazgo de medio kilo de cocaína, una balanza, tres granadas y dos armas de fuego en una vivienda de Teniente Agnetta y Mendoza. Los fiscales provinciales traspasaron el caso a la Justicia Federal por considerar que no se trataba de un hecho de microtráfico.
Allí se inició una investigación que dejó en claro tan graves irregularidades que el operativo debió ser anulado y las dos personas detenidas entonces, dos hombres y una mujer, liberadas finalmente de reproche. Lo que quedó en claro por el manejo de cámaras es que los policías, que reportaron una acción de flagrancia a las 18.31 de ese día, estaban en la zona esperando para actuar, sin orden judicial, desde dos horas y media antes. Lo acreditan, además, las constancias del GPS de los móviles de los efectivos: estaban en la zona desde las 16 de ese día.
La pesquisa indicó que lo que encontraron en la vivienda en la que irrumpieron sin orden. Como se hace en los procedimientos tramposos, los hombres de las PAT mencionaron haber visto a dos masculinos que al advertir la presencia se metieron dentro del domicilio con la típica "actitud sospechosa". No era cierto.
Los fiscales federales que actuaron determinaron que a los ocupantes de la vivienda los seguían de antemano y sabían además lo que encontrarían. Se llevaron no solamente una cantidad de cocaína que pudo llegar a los 15 kilos. También una veintena de armas de fuego de diverso calibre y 50 mil dólares sin dar ninguna cuenta de eso. Los ocupantes de la vivienda allanada ilegalmente, de nacionalidad peruana y boliviana, vendían en su barrio indumentaria y teléfonos celulares. Según fuentes judiciales se llevaron todos los aparatos y prendas nuevas como jeans, buzos, remeras y gorras.
Las circunstancias reales del operativo trucho de los policías de la PAT fueron reconstruidas a partir de aportes de testigos, vecinos y asesores legales de los ocupantes de la vivienda allanada. Desde esta mañana en busca de los policías sospechados se allanaron sus domicilios en Rosario, Santa Fe y otras ciudades de la provincia. También la se de la PAT en Lola Mora 100 bis de Rosario. Fue convocado con tal motivo un veedor del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.
Las medidas fueron solicitadas por el área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros de la Unidad Fiscal Rosario en una causa a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andres Montefeltro y María Virginia Sosa. Las autorizó el juez Carlos Vera Barros.
