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Con el argumento de reorganizar los procedimientos de producción general, se dejaron sin efecto 19 resoluciones, algunas ellas establecían parámetros obligatorios para la exportación de carne.
Martes 05 de Noviembre de 2024
17:57 | Martes 05 de Noviembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Gobierno de Javier Milei derogó cerca de veinte resoluciones que cumplían la función de reglamentar diversos aspectos dentro el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por medio de la Resolución 1129/2024, firmada por Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial, se eliminaron regulaciones que afectaban la comercialización de carnes que estaban vigentes desde kirchnerismo, entre otras.
“Resulta necesario profundizar y unificar los cambios y las normativas a los efectos de poder lograr sencillez y razonabilidad del proceso”, expresa el texto de la disposición que hace referencia a la agilización de la producción general. También afirma que el camino adoptado tiende a eliminar trabas e impedimentos para proceder con mayor celeridad y eficiencia en los trámites, un argumento muy utilizado por esta gestión.
Entre las resoluciones caídas, se encuentra una emitida por la administración de Alberto Fernández para controlar y cuantificar las ventas al exterior de carne y evitar la suba de precios. La norma establecía la obligación de que las exportaciones de estos productos y sus subproductos sean registrados de forma previa por medio de una declaración jurada.
La medida, además, recayó sobre la vigencia de la disposición que había creado la Unidad de Vinculación Académica que cumplía un rol de nexo entre el organismo - el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- y los diferentes sectores de la educación. La finalidad era la de promocionar acciones de formación e investigación relacionados con el sector.
Por su parte, la Resolución 228/2020 que resultó derogada dentro del combo, había dado nacimiento a la Unidad de Transversalización de Perspectiva de Género. Esta oficina que tenía la función de dar tratamiento a cuestiones relacionadas a esta temática y promover la igualdad, era consecuencia de la aplicación de lo establecido en las leyes 23179 y 26485.
Finalmente, el Gobierno nacional también arremetió contra el establecimiento del Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimentos Argentinos Sumar Valor. El organismo había surgido en 2016 bajo la premisa de incentivar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras o de elaboración de alimentos.
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