Presión para jubilarse: 2.378 estatales riojanos en la mira del Ejecutivo

20:54 | Viernes 20 de Diciembre de 2024 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta para modernizar la Administración Pública, la oposición advierte sobre el impacto negativo en los ingresos de los trabajadores jubilados.

El futuro de miles de empleados estatales en La Rioja quedó en el centro del debate político tras la reciente modificación de la ley 3870, que regula el empleo público provincial. Aprobada por la Cámara de Diputados, esta reforma autoriza al Ejecutivo a intimar a los trabajadores que alcanzaron la edad jubilatoria –65 años para hombres y 60 para mujeres– a iniciar el trámite para su retiro. En caso de no hacerlo, el Estado tiene la facultad de suspenderles el salario.

Según el diputado opositor Gustavo Galván, quien criticó fuertemente esta medida, la decisión afecta a 2.378 estatales que ya cumplen con los requisitos para jubilarse. Galván afirmó: “Si el empleado no acredita que inició el trámite jubilatorio, el Estado puede dejar de pagarle el sueldo. Esto busca agilizar la salida de trabajadores, pero muchos no quieren hacerlo porque pasarían a cobrar el haber mínimo, que es significativamente más bajo que su sueldo actual.”

La reforma también introduce un incentivo temporal: los empleados que se jubilen hasta marzo de 2025 podrán recibir, durante seis años, un adicional equivalente a la «quincenita,» un beneficio que actualmente perciben los estatales activos. Sin embargo, este plus es visto como insuficiente para compensar la pérdida económica que implica pasar al sistema previsional.

Desde el oficialismo, la reforma se justifica como una medida necesaria para optimizar el funcionamiento de la Administración Pública, reducir su carga salarial y abrir espacio para la incorporación de nuevos trabajadores. No obstante, los sectores críticos, encabezados por Galván, denuncian que estas acciones ponen en riesgo la estabilidad económica de los empleados que han dedicado décadas al servicio público.

El conflicto también expone una problemática de fondo: la precariedad del sistema jubilatorio. Con haberes mínimos que no alcanzan a cubrir el costo de vida, muchos trabajadores se resisten a iniciar su retiro, generando un cuello de botella en la renovación de la plantilla estatal. “El Estado busca aliviar su presupuesto a costa de quienes han sostenido la Administración Pública por años. Esto no es modernización, es precarización,” sostuvo Galván.

La decisión ha generado preocupación entre los empleados afectados, quienes enfrentan un futuro incierto entre la presión para jubilarse y la perspectiva de una reducción significativa en sus ingresos. Mientras tanto, el debate sigue abierto, con posturas encontradas sobre cómo equilibrar la necesidad de ajustar las cuentas públicas y garantizar un retiro digno para los trabajadores estatales.

La implementación de estas medidas será un punto de prueba para la capacidad del Gobierno provincial de conciliar objetivos financieros con derechos laborales, en un contexto donde las demandas sociales por una jubilación justa son cada vez más urgentes.