La Justicia desestima denuncia contra jueces de la Corte por confirmar condena a Cristina Kirchner

12:33 | Jueves 17 de Julio de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La fiscal federal María Alejandra Mangano resolvió desestimar una denuncia presentada contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— por el fallo que confirmó la sentencia condenatoria contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

La presentación había sido impulsada por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta, quienes acusaron a los magistrados de prevaricato y tráfico de influencias. Según los denunciantes, el máximo tribunal actuó con “asombrosa premura” al resolver el recurso extraordinario pocos días después de que la exmandataria anunciara su candidatura para las elecciones bonaerenses de 2025.

La fiscal Mangano consideró que la denuncia carecía de sustento jurídico y se basaba en apreciaciones subjetivas. En su dictamen, sostuvo que los denunciantes no lograron identificar ninguna norma vulnerada por los jueces en el tratamiento del recurso. Además, subrayó que fue la propia defensa de los imputados la que solicitó la intervención de la Corte, por lo que una resolución ágil no puede interpretarse como una acción maliciosa o políticamente motivada.

Asimismo, la fiscal cuestionó el uso de estadísticas sobre la duración de otros expedientes judiciales como argumento para sostener la denuncia, señalando que se trataba de interpretaciones sesgadas y carentes de objetividad. En ese sentido, concluyó que no puede iniciarse una investigación penal “en base a suposiciones, percepciones o elucubraciones motivadas en cuestiones sociales, políticas o ideológicas”.

El fallo de la Corte Suprema, dictado el 10 de junio de 2025, dejó firme la condena de seis años de prisión contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, se ordenó el pago de $684.990.350.139,86 como parte del decomiso por el perjuicio ocasionado en 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez.

Con esta resolución, la Justicia federal cerró la denuncia sin abrir investigación, reafirmando la validez jurídica del fallo del máximo tribunal y descartando cualquier irregularidad en su dictado. El caso vuelve a poner en debate la relación entre decisiones judiciales y el contexto político, aunque en esta instancia, la fiscalía consideró que no existía delito alguno.