Rosario es la primera zona elegida para aplicar la Ley Antimafias: penas más altas e igual condena para todos los miembros de una banda

07:42 | Viernes 16 de Mayo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Rosario es la primera ciudad, mejor dicho, zona porque quizá no se instrumente en todo su territorio; elegida para aplicar la Ley Antimafias, que estipula penas más altas, hasta el doble; e igual condena por el delito más grave para todos los miembros de una organización criminal. O sea, por ejemplo, desde el que escondió la moto, pasando por el sicario y el que ordenó un crimen vinculado al narcotráfico, recibirán el mismo castigo, no importa el rol en la banda que hayan tenido; y será el más elevado.

Fue el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, el que ha solicitado la declaración de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, como la primera zona del país sujeta a la aplicación de la Ley Antimafias, en una medida publicada este viernes en el Boletín Oficial y que fue promulgada en marzo pasado.

Hay que recordar que esta ley amplía la capacidad de investigación de la Justicia y las fuerzas de seguridad, y también les da más herramientas procesales: está diseñada para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

Entre las herramientas que puede utilizar, por ejemplo, autoriza el decomiso anticipado, allanamientos masivos e intervenciones telefónicas y de vías digitales de comunicación encadenadas, entre otras.

Además, bajo este régimen se agravan las penas de los delitos como la asociación ilícita (de 3 años a 10 de cárcel que estable la legislación actual, pasa a un rango de 8 a 20 años de prisión); y no rigen las reglas de participación de los integrantes de la organización delictiva, sino que todos son considerados coautores y se les aplica la pena más grave.

Elegir una ciudad o lugar para aplicar la Ley 27.786, o contra crimen organizado, como también se la conoce; implica que el Ministerio de Seguridad Nacional le pide a la Justicia Federal investigar las zonas que cumplen con diversos requisitos.