En diálogo con Fénix, la abogada Cintia Castro, analizó la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y defraudación en AFA y aclaró que la figura del testaferro no constituye un delito autónomo en el Código Penal.
17:04 | Lunes 15 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fénix, la abogada experta en delitos de corrupción Cintia Castro se refirió a la investigación judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y explicó los alcances legales de las presuntas maniobras que se encuentran bajo análisis.
Castro aclaró en primer lugar que el término “testaferro” no está tipificado como delito autónomo en el Código Penal argentino. “Es un concepto descriptivo y no una figura penal en sí misma. El testaferro funciona como un engranaje dentro de delitos más complejos, como el lavado de activos, el encubrimiento o la evasión fiscal”, explicó.
Según detalló, la investigación se centra en la existencia de bienes de alto valor —como inmuebles, vehículos, empresas y cuentas— que figurarían a nombre de terceros, pero que presuntamente pertenecerían a dirigentes de la AFA. “Se trata de bienes que no serían compatibles con los ingresos declarados de quienes figuran como titulares”, señaló.
La abogada remarcó que, más allá de la presunción de inocencia, el volumen de dinero involucrado y los mecanismos utilizados vuelven “previsible” la configuración de delitos penales. En ese sentido, indicó que se analizan posibles conductas de ocultamiento, conversión y disimulación de fondos provenientes de actividades ilícitas, lo que encuadraría dentro del delito de lavado de activos.
Castro explicó que la intervención de organismos estatales y del Ministerio Público Fiscal responde a la necesidad de evitar el vaciamiento patrimonial mientras avanza la investigación. “Por eso se ordenan allanamientos y bloqueos de bienes, para impedir transferencias o movimientos que entorpezcan el proceso judicial”, afirmó.
Consultada sobre el rol de financieras y terceros vinculados a la causa, sostuvo que la investigación apunta a una presunta red organizada que habría utilizado mecanismos modernos, incluyendo monederos virtuales y conexiones cibernéticas, para canalizar fondos y ocultar su origen. “Esto agrava la situación por la sofisticación de las maniobras y el riesgo económico que representan”, indicó.
Finalmente, la abogada subrayó la importancia de que la causa avance sin interferencias políticas. “Las denuncias pueden tener un contexto político, pero es fundamental que la Justicia actúe con independencia y llegue hasta las últimas consecuencias”, concluyó.
