El Diputado Cristían Pérez advierte que "Molina Gomez no puede acusar sin presentar pruebas"

12:22 | Lunes 29 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Alineado con la estrategia de resistencia de Ricardo Quintela, impulsa una cuestión de privilegio que podría terminar en sanciones institucionales.

El clima político en la Legislatura de La Rioja ingresó en un terreno de máxima fricción institucional. Cristian Pérez, presidente del bloque de diputados justicialistas y una de las espadas políticas clave del gobernador Ricardo Quintela, subió la apuesta en el enfrentamiento directo que el peronismo norteño mantiene con las terminales de La Libertad Avanza alineadas a la Casa Rosada. En el eje de la disputa se encuentra una fortísima advertencia parlamentaria contra las denuncias mediáticas de la oposición orgánica que comanda Javier Milei en las provincias.

«Todos podemos expresar opiniones, disentir políticamente o cuestionar una ley. Lo que no podemos hacer es atribuir conductas sin aportar elementos que las respalden», arremetió el jefe de la bancada oficialista, fijando la postura de un peronismo riojano que busca nacionalizar el conflicto argumentando un sistemático ataque a la credibilidad de los poderes legislativos del interior del país.

La tensión escaló a raíz de los duros cuestionamientos públicos realizados por el diputado libertario Diego Molina Gómez, quien en sintonía con las críticas de Balcarce 50 a los esquemas tributarios y presupuestarios del quintelismo, denunció un supuesto «pacto» entre el PJ y el radicalismo tradicional e insinuó que se habrían comprado voluntades para frenar iniciativas del bloque oficial nacional y aprobar el traspaso de organismos de control a la órbita parlamentaria.

"No se puede acusar a un diputado de vender su voto sin presentar pruebas. Si se afirma que se compró un voto, tendrá que presentarse ante la comisión correspondiente con los elementos probatorios", sentenció Pérez.

El frente reglamentario

La respuesta institucional del bloque justicialista fue contundente y se encauzó mediante la aprobación de una cuestión de privilegio contra Molina Gómez por «conductas inapropiadas» y «agravios graves» cometidos tanto dentro del recinto como a través de diversas campañas en redes sociales. El expediente ya fue girado de forma unánime a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el peronismo tiene los votos necesarios para dictaminar de manera punitiva.

Pérez aclaró que los mecanismos reglamentarios de la Legislatura se activaron no para acallar la oposición, sino para resguardar la institucionalidad y la honorabilidad del cuerpo legislativo frente a imputaciones delictivas directas. «Lo que corresponde ahora es escucharlo. Tendrá la posibilidad de explicar qué quiso decir y cuáles fueron los fundamentos de sus expresiones», matizó con tono formal, aunque dejando en claro que la soga parlamentaria está tensada.

"Si se trató de una expresión desafortunada o de una interpretación equivocada, seguramente habrá formas de resolver la situación. Si sostiene sus dichos, deberá aportar los elementos que los respalden", advirtió el legislador.

Desde el entorno del oficialismo riojano leen este episodio como un capítulo más de la guerra fría que el Ejecutivo central despliega contra las administraciones peronistas periféricas, combinando asfixia financiera con denuncias de corrupción institucional. La jugada de Pérez de activar la comisión constitucional busca marcar un límite disciplinario frente a lo que consideran una estrategia libertaria de demolición de la legitimidad federal.

Informe: Eduardo N. German