El Gobierno cruzó a la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil en la Provincia y apuntó contra Axel Kicillof

La suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense derivó en una andanada de críticas desde el oficialismo nacional, que en cuestión de horas trasladó el reproche desde el fallo hacia la administración de Axel Kicillof.

La primera en pronunciarse fue Patricia Bullrich, senadora y exministra de Seguridad, que había impulsado la sanción de la norma. En sus redes sociales sostuvo que en la provincia de Buenos Aires el gobernador se coloca del lado de quienes delinquen mientras los vecinos viven enrejados y con miedo. Sumó luego un cuestionamiento a la Justicia provincial, a la que definió como garantista, y remató: "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".

El diputado Luis Petri fue todavía más directo y personalizó la crítica en la magistrada. "El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo", escribió, y agregó que la ley se aprobó para terminar con la impunidad de quienes cometen delitos siendo menores, sin que existan excusas para no ponerla en práctica.

También se sumó Sebastián Pareja, que calificó la decisión judicial de "profundamente antidemocrática" y remarcó que la norma no fue una imposición del Ejecutivo sino el resultado de un trámite legislativo completo en el Congreso. El Ministerio de Capital Humano, en cambio, evitó referirse al fallo: se limitó a difundir una placa —replicada por el propio Javier Milei— que enumera las conductas que la ley 27.801 vuelve punibles desde los catorce años, entre ellas amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, comercializar sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas.

Qué dijo el fallo

La resolución la dictó Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas cuarenta y ocho horas después de que la norma entrara en vigencia. Hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los adolescentes privados de libertad, y ordenó paralizar la aplicación por sesenta días.

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Conviene precisar el argumento, porque las reacciones oficiales lo desplazan: la jueza no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley. Su planteo fue de capacidad material. Al bajar la imputabilidad de dieciséis a catorce años, sostuvo, va a crecer de manera considerable la población de menores detenidos, tanto por los ingresos nuevos como por la permanencia más prolongada en el sistema.

Y puso en duda que la provincia disponga hoy de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales para recibirlos respetando los estándares de derechos humanos de la niñez.