Quintela llevará a la Justicia el límite con San Juan y propone compartir el territorio en disputa

12:42 | Miércoles 09 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Ricardo Quintela confirmó que La Rioja llevará a la Justicia la controversia por los límites con San Juan y propuso, mientras se alcanza una definición, compartir transitoriamente el territorio discutido o su aprovechamiento. El gobernador no precisó todavía cuál será la vía judicial, el tribunal ante el que se presentará el reclamo ni los plazos de esa eventual acción.

“Voy a ir a la Justicia”, afirmó durante una entrevista con Tiempo de San Juan. La declaración agrega una instancia potencialmente judicial a una disputa histórica que en los últimos meses volvió a expresarse en decisiones legislativas y pronunciamientos políticos de ambas provincias.

El origen del reclamo y la posición de las dos provincias

Quintela cuestionó la delimitación establecida en 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, y reivindicó antecedentes históricos que, según la posición riojana, respaldan otra traza fronteriza.

La Rioja ya viene impulsando formalmente la revisión de ese límite. San Juan, en cambio, rechaza el reclamo riojano y sostiene la jurisdicción actualmente reconocida sobre las áreas cuestionadas. Ese rechazo ya había sido explicitado por el gobernador Marcelo Orrego, quien sostuvo que ninguna provincia puede modificar unilateralmente un límite mediante una ley propia.

Ischigualasto e Iglesia: la propuesta de compartir mientras se resuelve

Quintela sostuvo que su intención no es convertir la controversia en un enfrentamiento entre las sociedades de ambas provincias. Como salida transitoria, planteó compartir el territorio discutido o los beneficios de su aprovechamiento hasta que exista una definición institucional.

En ese planteo mencionó el Parque Provincial Ischigualasto y sectores actualmente comprendidos dentro del departamento Iglesia. La propuesta no constituye por ahora un acuerdo bilateral: es una iniciativa expresada por el gobernador riojano que requeriría aceptación de San Juan y un marco jurídico específico para poder concretarse.

Vicuña, Filo del Sol y Lunahuasi elevan el valor económico de la disputa

El reclamo adquiere una dimensión económica adicional porque Quintela lo vincula con Vicuña, Filo del Sol y Lunahuasi, desarrollos de gran relevancia para la expansión del cobre argentino.

El gobernador sostiene que áreas relacionadas con esos proyectos alcanzan territorio que La Rioja considera propio. Esa es la posición riojana y está controvertida por San Juan; no existe una definición jurídica firme que permita atribuir esos proyectos o sus recursos a La Rioja. La disputa ya había escalado cuando San Juan rechazó el reclamo sobre territorios mineros vinculados con Vicuña.

Una eventual modificación de la delimitación podría tener consecuencias sobre jurisdicción, permisos, regalías y participación provincial en futuros desarrollos. Precisamente por eso, la discusión dejó de ser únicamente cartográfica y pasó a estar estrechamente vinculada con el potencial minero de la cordillera. El impacto económico quedó expuesto también en el acuerdo por el cual Vicuña prevé aportar USD 250 millones a San Juan.

El RIGI aparece como telón de fondo minero

En la misma entrevista, Quintela volvió a cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que buscaría derogarlo si tuviera capacidad de decisión nacional. El proyecto Vicuña había sido aprobado dentro del RIGI con una inversión inicial anunciada de USD 9.700 millones.

Como contrapunto, Quintela reivindicó el modelo riojano de asociaciones entre empresas estatales y capital privado. Aseguró que La Rioja tiene 25 proyectos mineros, 17 en prospección y ocho en exploración, pero reconoció que la provincia todavía no cuenta con minería metalífera en explotación y que necesita construir licencia social.

La próxima discusión será jurídica

La declaración de Quintela coloca ahora el foco sobre el próximo paso concreto: qué presentación realizará La Rioja, ante qué instancia y con qué fundamentos jurídicos buscará revisar el límite vigente. En junio, legisladores del oficialismo riojano ya habían planteado la posibilidad de acudir a la Corte Suprema y pedir una cautelar.

La respuesta será determinante porque una controversia territorial asociada a proyectos mineros de gran escala puede tener efectos que excedan a La Rioja y San Juan. Hasta entonces, la jurisdicción vigente continúa siendo la referencia administrativa y cualquier atribución territorial diferente debe ser presentada como parte del reclamo riojano.

Informe Edoardo German