La Corte Suprema obliga a La Rioja a litigar de forma presencial contra el Estado Nacional

18:31 | Martes 22 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La demanda, radicada bajo el expediente CSJ 1080/2025 y caratulada "Estado Nacional (Secretaría de Transporte) c/ La Rioja, Provincia de s/ cobro de sumas de dinero", tramita en la Secretaría de Juicios Originarios. La letrada de Fiscalía de Estado, María Alejandra Ferrer, pidió habilitar medios telemáticos amparándose en las acordadas de digitalización de la Corte.

El argumento de la asfixia económica

La presentación provincial fundó expresamente la solicitud en el ahogo presupuestario que padece el distrito: «Lo solicitado obedece a la muy difícil situación económica y financiera que atraviesa la Provincia de La Rioja, motivada por la falta de transferencia de fondos desde Nación», remarcó el escrito judicial. En ese marco, el Ejecutivo local citó las leyes provinciales 10.243 y 10.843, que prorrogaron la emergencia financiera territorial hasta el 31 de diciembre de 2026 para fundamentar la necesidad de evitar costos de traslado.

Sin embargo, el tribunal supremo zanjó la controversia sin contemplar la excepción económica. A través de una providencia oficial, notificó que «la audiencia preliminar designada se llevará a cabo de forma presencial», disponiendo además que la letrada Patricia Franchini podrá comparecer en representación de la provincia en la sede de la Capital Federal.

Precedente para el litigio federal

La resolución marca un estándar riguroso para las demandas que enfrentan a la administración central con las jurisdicciones del interior. Pese a que las provincias argumentan quebrantos en sus cajas por el cese de envíos discrecionales de la Casa Rosada, la Justicia federal exige mantener la presencialidad en los litigios patrimoniales.

El litigio por subsidios o compensaciones en el transporte público expone la rispidez entre la política de déficit cero que ejecuta la Nación y las cuentas provinciales en rojo, forzando a los equipos jurídicos del interior a litigar cara a cara frente a los ministerios nacionales en los tribunales porteños.

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