De Rosas a Alfonsín: el largo camino que recorrió la pena de muerte en la Argentina

21:06 | Jueves 01 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El intento de ejecución de Christa Pike en Tennessee volvió a poner la pena de muerte en LA palabra pública. La estadounidense, condenada por el asesinato de una compañera de 18 años, recibió dos inyecciones letales totalmente fallidas. El episodio reavivó la discusión sobre un castigo que en la Argentina tuvo una extensa historia antes de desaparecer del orden jurídico.

Mucho antes de que la legislación argentina estableciera límites sobre la pena capital, los fusilamientos ya formaban parte de la vida política del país. La Asamblea del Año XIII había dispuesto la eliminación de determinados tormentos y castigos corporales, pero la pena de muerte continuó vigente en distintos contextos durante las décadas posteriores.

La reconocida Camila O'Gorman 

En 1848, Camila O'Gorman había escapado hacia Corrientes junto al sacerdote Ladislao Gutiérrez después de iniciar una relación con él. Por orden del gobierno de Juan Manuel de Rosas, Camila y Gutiérrez fueron fusilados en Santos Lugares. El caso ocurrió antes de la sanción de la Constitución Nacional y expuso el alcance que podía tener la pena capital por razones políticas y sociales. Años después, el nuevo orden constitucional introdujo una primera restricción sobre ese castigo.

La Constitución de 1853 estableció en su artículo 18 la abolición de la pena de muerte por causas políticas. La Convención Constituyente aprobó ese punto por unanimidad y la Ley 49 de 1863 la reservó para casos excepcionales, entre ellos la traición y la piratería agravada. Sin embargo, el Código Penal de 1886 volvió a contemplar la pena de muerte para delitos comunes, marcando un retroceso en materia legal. 

Los últimos casos 

Giovanni Bautista Lauro y Francisco Salvatto fueron fusilados el 22 de julio de 1916 en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, ambos habían sido condenados por el asesinato de Frank Carlos Livingston, ocurrido dos años antes. Después de aquellas ejecuciones, la legislación avanzó hacia la eliminación del castigo para los delitos ordinarios.

El Código Penal de 1922 retiró la pena capital de ese ámbito, volviendo a la idea previa de 1862. La historia, sin embargo, todavía tuvo otros capítulos. Durante gobiernos de facto del siglo XX, la sanción volvió a tener presencia normativa hasta el regreso de la democracia. En 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el Congreso sancionó la Ley 23.077 y derogó la pena de muerte para los delitos comunes. Argentina también suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, que impide restablecer la pena capital en los países que decidieron abolirla.

La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a ese tratado y reforzó el límite jurídico. En 2008 se reforzó cuando el Congreso derogó el Código de Justicia Militar y eliminó la pena de muerte del último ámbito de la legislación nacional donde todavía conservaba vigencia teórica.