El ex dueño de la curtiembre de Nonogasta demandó al Gobierno Provincial por la expropiación de la planta

20:00 | Sábado 10 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

Un nuevo frente de conflicto judicial de alto impacto patrimonial se abrió contra la administración del gobernador Ricardo Quintela en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. El empresario brasileño Gilmar Harth, histórico titular de la firma Curtume CBR S.A. y ex operador de la planta de Nonogasta, radicó una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de La Rioja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa, caratulada formalmente como "HARTH, GILMAR C/ LA RIOJA, PROVINCIA DE S/DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expediente CSJ 002883/2026-00), ingresó formalmente al sistema del máximo tribunal y quedó radicada en la Secretaría de Juicios Originarios. El trámite se encuentra actualmente en estado de «letra» y ya tomó intervención la Procuración General de la Nación a través de la fiscal Laura Monti, quien deberá dictaminar sobre la competencia federal para abrir la instancia contra el Estado provincial.

Demanda directa en la Secretaría de Juicios Originarios

Bajo el patrocinio letrado del abogado Tomás Héctor Francisco Young, Harth busca que la Corte Suprema declare la responsabilidad patrimonial del Estado riojano por el proceso expropiatorio ejecutado sobre los activos de la compañía en el departamento Chilecito. La presentación en la instancia originaria se fundamenta en la condición de ciudadano extranjero del demandante y el litigio directo contra una provincia argentina, una vía reservada exclusivamente para disputas de competencia constitucional primaria.

El reclamo apunta al núcleo de la intervención que la Casa de las Tejas puso en marcha a fines de 2021 mediante la sanción de la Ley Provincial 10.411. Dicha norma declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación de urgencia los inmuebles, instalaciones y unidades productivas del predio fabril, tras meses de parálisis de la actividad industrial y el abandono de las operaciones por parte del grupo extranjero.

La demanda impulsada por el empresario de Río Grande del Sur, quien presidió el influyente Centro de Industrias de Curtiembres de Brasil (CICB), objeta los mecanismos utilizados por el Ejecutivo provincial para avanzar sobre los activos corporativos y busca una compensación económica en divisa extranjera que podría comprometer seriamente las cuentas públicas riojanas.

De la quiebra al conflicto internacional por los bienes

La planta de Nonogasta, levantada históricamente por la familia Yoma y considerada en su época de apogeo la curtiembre más grande de Sudamérica, pasó a manos del grupo brasileño Bom Retiro hace más de una década. No obstante, el vínculo se deterioró de manera irreversible a comienzos de 2020, cuando la firma frenó la producción, dejó de abonar salarios y acumuló deudas millonarias con los proveedores locales, dejando a más de 700 trabajadores a la deriva.

Frente a la crisis comunitaria desatada en el oeste provincial, el gobierno de Quintela dispuso la toma de posesión del establecimiento con el argumento de preservar la paz social y buscar un operador sustituto que reactivara las calderas. Con el correr de los años, el trámite judicial escaló: a comienzos de este año, la Fiscalía de Estado avanzó sobre la flota de camiones, camionetas y maquinaria pesada de Curtume CBR a través de edictos públicos y tasaciones fiscales provisorias.

Ese avance sobre los bienes de capital terminó de sellar la respuesta legal de los accionistas brasileños. Harth sostiene en su presentación que las medidas provinciales vulneraron garantías constitucionales sobre la propiedad privada y desconocieron los procedimientos de avenimiento e indemnización previa exigidos para desapoderar a una compañía internacional.

Una contingencia financiera que golpea al Tesoro provincial

El inicio de esta causa en la Corte Suprema agrega un factor de zozobra a la ya comprometida situación económica de la provincia. La Rioja afronta un estricto torniquete fiscal impuesto por el gobierno nacional, la inminente pérdida de vigencia de los bonos Chachos y la ausencia total de transferencias discrecionales de fondos por fuera de la coparticipación automática.

En el arco político del interior riojano, en particular desde los sectores opositores de Chilecito, venían advirtiendo sobre las secuelas legales de una estatización que no logró restablecer plenamente los niveles históricos de empleo formal y que ahora traslada su costo a los tribunales.

Una vez que la fiscal Laura Monti emita su dictamen sobre la competencia de la Corte Suprema, el máximo tribunal notificará a la Fiscalía de Estado de La Rioja para que conteste la demanda. El gobierno de Quintela deberá armar una compleja estrategia defensiva para frenar un reclamo que amenaza con convertirse en una pesada condena económica en momentos de extrema austeridad para el erario provincial.

Por.- EDUARDO NELSON GERMAN