La secretaria gremial de la UTEP, Johanna Duarte, advirtió que la informalidad crece y que familias con salario recurren a comedores las últimas semanas del mes. Planteó crear un estatuto para los trabajadores de la economía popular.
19:03 | Viernes 13 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Multiplataforma Fénix, Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), se refirió a los ingresos necesarios para no ser pobre y a la situación del trabajo informal. Indicó que, según los últimos datos que recuerda, para no ser pobre hace falta un ingreso de alrededor de 1.500.000 pesos y para no ser indigente, unos 800.000, tomando los cálculos de la Ciudad de Buenos Aires. Señaló que esa cifra está “muy lejana” de los sueldos de quienes tienen un salario registrado, y más aún de los trabajadores de la economía popular, cuyos ingresos no están garantizados mes a mes.
Explicó que la economía popular agrupa a los trabajadores de la informalidad que se fueron organizando para generar su propio trabajo, como los cartoneros y recicladores urbanos, la agricultura familiar, los oficios por contratación directa, las tareas de cuidado, los espacios sociocomunitarios, donde además de dar de comer se contienen situaciones de violencia y adicciones, y la producción textil informal. Sostuvo que se trata de un trabajo con fuerte organización comunitaria y mencionó que el Papa León lo dejó claro en el encuentro en la UCA, al plantear que la economía popular organiza ese trabajo no registrado. A esa realidad se suman, dijo, los trabajadores de plataformas.
Duarte estimó que hoy hay aproximadamente 10 millones de trabajadores fuera del empleo formal. Contó que hasta 2023 el Estado contaba con el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, creado a partir de la ley de emergencia social de 2016, que entonces registraba 3 millones, pero que con el actual gobierno nacional ese registro “ha quedado totalmente desactivado”. Afirmó que la informalidad va creciendo y que en las provincias del NOA y el NEA hay más trabajadores en la informalidad que en el empleo formal; como ejemplo, citó el Chaco, su provincia.
Diferenció el trabajo precarizado, como el monotributo o los esquemas de becas en estados provinciales y municipales, del trabajo de la economía popular, que se genera en el territorio, con lazos de comunidad y solidaridad, en la producción de servicios y alimentos. Dijo que ese trabajo ya existe y que el Estado debe construir las condiciones para registrarlo y ponerlo en valor.
Advirtió también que, desde hace aproximadamente un año y medio, muchas familias de trabajadores con salario deben ir a comer a un comedor popular las últimas dos semanas del mes porque no llegan a cubrir sus necesidades básicas, “producto de la situación económica general”.
Consultada sobre si presentaron proyectos, respondió que al gobierno nacional actual no le han podido presentar nada porque “es un gobierno que no dialoga, no solo con nosotros, sino con nadie”. Recordó que en gobiernos anteriores se construyeron herramientas hacia la formalización, como la ley de barrios populares, el monotributo social, que ya no existe, y el salario social complementario. Sostuvo que el Gobierno usó “falsamente” la idea de una reforma laboral que supuestamente iba a resolver la informalidad y que, según su visión, lo que logró es que trabajadores antes registrados pasen a engrosar la informalidad al quedarse sin empleo.
Por último, planteó que los estados deben pensar herramientas, entre ellas legislativas, que interpreten esta nueva realidad del trabajo y registren tanto a la economía popular como a los trabajadores de plataformas, como Uber o Rappi. Señaló que hoy en la Argentina hay casi la misma cantidad de trabajadores en la informalidad que en la formalidad y propuso que la UTEP trabaja en un estatuto de los trabajadores de la economía popular, similar al que existió para el peón rural.
