El fiscal de Cámara José Oliveros Icazatti dijo que le sorprendieron la absolución por atentado a la autoridad y el mínimo de pena. Aguarda los fundamentos para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.
20:03 | Viernes 13 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Multiplataforma Fénix, el fiscal de Cámara José Oliveros Icazatti, a cargo de la acusación en la causa por la muerte de Trinidad Ruarte, se refirió a la condena de tres años de cumplimiento condicional dictada contra Federico Luna. Aclaró que su función es mantener la acusación bajo las normas legales y sobre una base probatoria, y que prefiere reservarse su opinión personal para ser objetivo. Aun así, afirmó: “No compartimos la decisión que tomó el tribunal”, porque, según dijo, tenían elementos suficientes para sostener la acusación. Señaló que la decisión perjudica “enormemente” a la sociedad y a las personas más allegadas a las víctimas.
Explicó que Luna estaba acusado por homicidio culposo y lesiones culposas, un hecho con dos víctimas, en concurso ideal, y por un segundo hecho de atentado y resistencia a la autoridad, con una escala penal de entre tres y ocho años. Dijo que por eso había solicitado siete años de cumplimiento efectivo, un pedido que consideró dentro de la escala y de las pautas de mensuración de la pena.
El fiscal sostuvo que la absolución por el delito de atentado a la autoridad los “sorprendió muchísimo”, tanto a la fiscalía como a la querella. Recordó que el oficial que fue víctima de ese hecho mantuvo la contundencia de su declaración durante la instrucción y el debate, y que describió un forcejeo que, a su criterio, configura el delito. Consultado sobre el cambio entre la declaración policial inicial y la del debate, respondió que hay que mantener un criterio de valoración, y que Luna es una persona mayor, instruida y un profesional de la medicina que “sabía que tenía que asistir a las víctimas”. Agregó que, a su entender, el juramento hipocrático es una circunstancia que agrava aún más la situación y que el tribunal debía considerar las condiciones personales del imputado, como establece el artículo 41 del Código Penal.
También le llamó la atención el mínimo de la pena: tres años, dentro de una escala de tres a ocho. Explicó que el punto medio sería de cinco años y medio, y que el tribunal debía justificar por qué tomó el mínimo. Agregó que entiende que debió mantener ciertos criterios jurisprudenciales, ya que en otras causas por homicidio culposo se dispuso el cumplimiento efectivo, y dijo que no logra entender el motivo.
Respecto de los pasos a seguir, señaló que todavía espera los fundamentos del fallo y que reiteró el pedido a la Cámara del Crimen para recibirlos, ya que tienen diez días para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. Indicó que solicitará que ese plazo comience a contarse desde que disponga del fallo. Resumió las dos preguntas centrales: por qué se absolvió a Luna por el delito de atentado a la autoridad y por qué se le dio la pena mínima. Dirigió sus primeras palabras a la sociedad que busca justicia y, principalmente, a los padres de Trinidad.
Consultado sobre el rol de las redes sociales en torno al caso, opinó que hay una nueva evolución de la comunicación y que “habrá que empezar a regular” y hablar con los legisladores. Planteó la necesidad de un órgano de control más activo sobre los medios que llegan a la sociedad, siempre sin chocar con garantías constitucionales como la libertad de expresión.
Por último, señaló que la provincia está a poco tiempo de implementar el nuevo sistema acusatorio y que la Comisión de Implementación es la encargada de definir el momento en que se podrá empezar a trabajar con ese esquema.
