Las principales autoridades de la CAEM fueron denunciadas penalmente por favorecer intereses extranjeros y bloquear el desarrollo industrial argentino.
18:48 | Lunes 19 de Mayo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Si la Justicia avanza con la investigación se está ante las puertas de un verdadero escándalo que compromete los recursos naturales de las provincias y de la Nación en su conjunto.
Un sector de la industria extractiva que procura la trazabilidad de los productos mineros para favorecer inversiones financieras en torno al “oro blanco”, el litio, un insumo fundamental para las baterías de los desarrollos de la cuarta revolución industrial que atraviesa la humanidad, denunció, con cifras, lo que “considera el saqueo silencioso que la República Popular China perpetra sobre el litio argentino, con la complicidad de una casta minera enquistada que ha monopolizado la industria bajo un modelo opaco y excluyente”.
Las partes enfrentadas son los representantes de la Cámara Latinoamericana del Litio, que presentó una ampliación de la denuncia penal contra Favio Casarín, Andrea Polizzotto, Alejandra Cardona, Roberto Cacciola y toda la Junta Directiva de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
Se los acusa de cartelizar el sector, favorecer intereses extranjeros, operar políticamente contra la tokenización y bloquear el desarrollo industrial argentino. Las irregularidades alcanzan a todas las provincias del norte argentino.
La Cámara Latinoamericana del Litio amplió su presentación judicial en la causa penal N° 3309/2023, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, por presuntas maniobras de subfacturación, evasión fiscal, exclusión sistemática de proveedores locales y cartelización de la industria minera.
En esta nueva instancia, la Cámara apuntó directamente contra Favio Casarín, Andrea Polizzotto, Alejandra Cardona, Roberto Cacciola (presidente de CAEM) y toda su junta directiva, acusándolos de defender un modelo alineado con intereses monopólicos extranjeros —en particular, de origen chino— y de obstaculizar toda iniciativa de trazabilidad, transparencia o desarrollo nacional basado en tecnologías emergentes.
“El litio es un commodity. Negarlo es una estrategia deliberada para facilitar la subfacturación y romper la cadena de valor nacional”, denunció Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara Latinoamericana del Litio.
Rutigliano agregó que Casarín, Polizzotto y Cardona “deben renunciar inmediatamente a sus cargos por ser responsables de un esquema que empobrece a la Argentina y traiciona los intereses de las provincias mineras”.
Ejecutivos de la Cámara Latinoamericana del Litio explicaron a NA que “los números de abril 2025 no dejan lugar a dudas. China sigue siendo el principal destino del litio argentino, con un 85,71% del total exportado”, seguido muy de lejos por Estados Unidos con apenas el 9,22%. ¿Dónde queda el resto del mundo? Simplemente marginal: Japón con un 3%, España con un 0,74%, Francia con 0,59%, Países Bajos con 0,55% y México con un ínfimo 0,18%.
La preocupación por quién tiene la sartén por el mango se produce porque esta estadística refleja una profunda asimetría comercial y geopolítica. Porque no es casual que China, quien manipula los precios internacionales del litio, concentre semejante participación.
Con respecto al mote de casta, tan utilizados por los libertarios, como también el de empresarios, Rutigliano explicó que Andrea Polizzotto, “…se jacta de formar parte del gobierno de Javier Milei, pero, también fue parte del peor gobierno de la historia argentina: el de Alberto Fernández. Durante ese período, se entregaron los recursos naturales a China. Junto a Casarín, promovió la conformación de una mesa nacional del litio, que sólo generó más empobrecimiento provincial bajo la fachada de inversiones chinas que nunca se auditaron. Hoy corresponde exigir la presentación de los estados contables que acrediten esas inversiones, de las cuales se beneficiaron apenas unos pocos.
En el mismo sentido, la Cámara advirtió que desde CAEM se está llevando a cabo una operación política contra la tokenización, una herramienta basada en tecnología blockchain que permite monitorear en tiempo real la extracción, comercialización y destino del litio, con el fin de garantizar transparencia, participación de pymes y una distribución justa de la renta minera.
“Nos enfrentamos a geólogos ensobrados y lobbistas que temen perder sus privilegios. La tokenización termina con la impunidad y deja al desnudo cómo operan estos actores para evitar que el país genere valor agregado”, explicaron los denunciantes.
