Se trata del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que declaró inconstitucional el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad.
18:08 | Miércoles 20 de Agosto de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Mientras la Cámara de Diputados decidía la caída del veto a la emergencia en discapacidad y otras leyes, el Gobierno no piensa dejar nada al azar y confirmó que apelará el fallo del juez federal de Campana que anuló esta semana la medida presidencial por considerarla inconstitucional. En paralelo, el Ejecutivo denunciará al magistrado ante el Consejo de la Magistratura por intentar bloquear la voluntad de Javier Milei.
Enojo de la Casa Rosada y represalias en marcha
Se trata de Adrián González Charvay, el magistrado de Campana que este lunes había dado lugar a una acción de amparo presentada por los padres de dos niños de 11 años con discapacidad que advertían el riesgo de que el acceso a sus tratamientos y educación se viera interrumpido. La decisión deja un precedente que podría escalar y desatar una oleada de reclamos judiciales que desautorizaran la determinación del Gobierno.
Por eso, en los pasillos de Balcarce 50 un integrante de la mesa chica del Ejecutivo le aseguró a MDZ que no acatarán la medida y pondrán en marcha el proceso de apelación. A su vez, reconocieron que evalúan denunciar al juez González Charvay ante el Consejo de la Magistratura por entrometerse en las funciones del Gobierno. "No sabe de derecho. El presidente puede vetar lo que se le cante", sentenció la fuente.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que falló contra el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que falló contra el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad.
De acuerdo al artículo 83 de la Constitución Nacional, el veto es una facultad que tiene el presidente que no puede ser puesta en cuestionamiento por el Poder Judicial, sino por el Congreso a través de la insistencia con dos tercios de los votos, como sucedió este miércoles en la cámara baja.
Así, de acuerdo a la normativa, un juez solo podría intervenir si el veto se hubiera dictado de forma inconstitucional en lo procedimental, como que haya sido ejercido dentro del plazo correspondiente y continuado el camino institucional.
El fallo contra el veto de Javier Milei que desató la polémica
En su argumentación, el juez González Charvay había considerado que el veto presidencial era "un caso de clara discriminación a personas con discapacidad” y que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias".
Para el magistrado, la acción de Milei "viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad", a la par que advirtió sobre la "marcada pérdida del poder adquisitivio de las prestaciones desde diciembre de 2023" debido a las continuas actualizaciones por debajo de la inflación.
En paralelo, González Charvay señaló que los dos hermanos de 11 años, que tienen "trastornos generalizados del desarrollo" y "trastornos específicos en las habilidades escolares", poseen un "doble carácter de vulnerabilidad, al tratarse de menores de edad que tienen una discapacidad, lo que exige, según las convenciones internacionales citadas de jerarquía constitucional, redoblar la protección de sus derechos".
Otros casos del Gobierno contra jueces
El Gobierno ya había avanzado de una manera similar en marzo, cuando decidió confrontar con la jueza contravencional y de faltas porteña Karina Andrade, luego de que ella hubiera ordenado la liberación de 110 personas detenidas durante la manifestación de jubilados en el Congreso del 12 de marzo, donde el Ejecutivo había denunciado presencia de barras bravas y militantes de izquierda.
El episodio derivó en una denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y prevaricato, además de un pedido al Consejo de la Magistratura de la Ciudad para evaluar si la magistrada debía ser sancionada por su accionar.
Sin embargo, finalmente Andrade fue sobreseída en junio y el caso fue archivado, con la aclaración del juez porteño Pablo Casas de que "la formación del caso no afecta el buen nombre y honor" de la magistrada. Por otro lado, tampoco se conoció hasta el momento ninguna expresión por parte del Consejo de la Magistratura.
Otro caso similar también involucró a Patricia Bullrich y al Ministerio de Seguridad, luego de que el juez Roberto Gallardo prohibiera la intervención de las fuerzas federales durante un operativo vinculado a otra marcha de jubilados en el Congreso. Su intervención derivó en una denuncia de la cartera por "mal desempeño en sus funciones" en el órgano que decide el nombramiento y remoción de jueces.