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En el plenario de Trabajo y Presupuesto del Senado, la organización Barbechando intervino en el análisis de la reforma laboral y del Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones.
Viernes 19 de Diciembre de 2025
07:19 | Viernes 19 de Diciembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La discusión por la modernización laboral sumó una nueva intervención del sector agropecuario en el Congreso.
En el marco del plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado, la Fundación Barbechando presentó observaciones al proyecto oficial, en especial a los incentivos a la inversión y a los criterios para la reforma laboral.
El tesorero de la entidad, David Hughes, celebró que el debate legislativo incluya a la agroindustria y a sus especificidades, históricamente planteadas por el sector.

Hughes recordó que Barbechando está integrada por productores y representantes de instituciones de la cadena agroindustrial, que trabajan con legisladores nacionales y provinciales para impulsar marcos normativos que acompañen el desarrollo del sector.
En ese sentido, valoró que el proyecto oficial contemple los sujetos alcanzados por la legislación laboral y tributaria, e instó a los senadores a atender la heterogeneidad del entramado productivo rural.
Durante su exposición, subrayó que la estructura agropecuaria está integrada mayoritariamente por pymes y productores individuales. Para ilustrarlo citó datos del Censo Nacional Agropecuario 2018: el 85% de los productores del país son personas humanas —211.928 de alrededor de 250.000—, un dato que consideró clave a la hora de diseñar políticas tributarias y laborales. Afirmó que esa realidad debería verse reflejada tanto en la reforma laboral como en el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI).
Respecto de este régimen, Hughes consideró que “todo ayuda” y que la orientación general es adecuada. Destacó su potencial para fomentar inversión en infraestructura, bienes de capital y adopción tecnológica. Celebró particularmente los incentivos para sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética y la devolución del saldo técnico del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un reclamo histórico del sector. En su opinión, “estos incentivos van a generar inversión que es desarrollo de nuestro interior y generación de empleo”.
Sin embargo, planteó una preocupación central: los montos mínimos exigidos para acceder al régimen. Presentó cálculos que buscan dimensionar la capacidad financiera de las pymes agropecuarias. Según mencionó, con parámetros del organismo recaudador actualizados a abril de 2025, una microempresa tiene ventas anuales de hasta US$456.000. Si se asume, a modo de ejemplo, un margen del 10%, esa firma obtendría una ganancia estimada de US$22.800 anuales.
Con ese nivel de resultados, la inversión mínima requerida por el proyecto —US$150.000— resulta difícil de afrontar, aun recurriendo al financiamiento. “Estamos solicitando que revisen hacia abajo los montos mínimos para las cuatro categorías”, planteó. Aclaró que la entidad cuenta con información técnica adicional y está dispuesta a acercarla a los legisladores.
En el tramo final, Hughes pidió que los incentivos tributarios no se limiten a las personas jurídicas y solicitó avanzar hacia una reducción del impuesto a las ganancias también para productores individuales. Reconoció las restricciones fiscales del Estado, pero recordó que persisten “derechos de exportación” y otros temas pendientes para mejorar competitividad e inversión.
El expositor cerró agradeciendo la convocatoria y reiterando que el sector pretende aportar al diseño de políticas públicas que contemplen la diversidad productiva. “Es muy importante para generar inversión y desarrollo en el resto de nuestro país, más allá de Buenos Aires”, afirmó ante el plenario.
Alertan por montos de ingreso mínimos para acceder al régimen

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