En diálogo con Fénix, el legislador tucumano Emanuel Courel explicó los alcances de la denuncia presentada contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, luego de que trascendiera la compra de una vivienda valuada en 1,2 millones de dólares.
17:32 | Martes 30 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El legislador provincial de Tucumán, Emanuel Courel, confirmó que presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, tras conocerse la adquisición de una mansión valuada en 1,2 millones de dólares en Yerba Buena, una de las zonas más exclusivas de la provincia.
En diálogo con Fénix, Courel explicó que la investigación se inició luego de que un periodista difundiera la compra y posteriormente aparecieran comprobantes de expensas a nombre de la jefa comunal.
"Graneros es uno de los municipios más pobres de Tucumán y sufrió gravemente las inundaciones de este año. En ese contexto apareció la noticia de que la intendenta compró una mansión de 600 metros cuadrados sobre un terreno de 3.000 metros", señaló.
El legislador indicó que la causa quedó radicada en la Fiscalía de Concepción, donde se investiga el origen de los fondos utilizados para concretar la operación inmobiliaria.
Según explicó, la intendenta percibiría un sueldo cercano a los tres millones de pesos mensuales y no tendría otra actividad económica conocida, por lo que consideró que deberá justificar el patrimonio incorporado.
Courel también afirmó que la vivienda habría sido abonada al contado y sostuvo que, en los casos de presunto enriquecimiento ilícito, corresponde que el funcionario investigado acredite el origen de los recursos.
El dirigente describió a Graneros como un municipio históricamente gobernado por la misma familia y aseguró que existe una fuerte dependencia de la administración comunal.
Además, cuestionó que, tras las inundaciones registradas entre febrero y marzo, vecinos que reclamaban asistencia fueron denunciados por la propia intendenta y quedaron alcanzados por medidas judiciales que les impiden acercarse a la municipalidad.
Respecto del avance de la causa, Courel confirmó que el fiscal Diego Hevia ya ordenó las primeras medidas de prueba y manifestó su expectativa de que la investigación continúe.
Finalmente, consideró que el caso genera una fuerte conmoción por tratarse de una de las localidades con mayores necesidades de Tucumán y advirtió que la denuncia podría convertirse en el punto de partida para investigar otros posibles hechos de corrupción.
