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El Gobierno lanzó un programa para bloquear celulares en las cárceles provinciales

El programa nacional busca ampliar la estrategia que se limitaba al Servicio Penitenciario Federal. Ahora podrán adherir voluntariamente las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Martes 25 de Agosto de 2026

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09:41 | Martes 25 de Agosto de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

l Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, que busca ampliar a las cárceles provinciales un mecanismo que ya había sido implementado en unidades penitenciarias federales. El objetivo es evitar que los internos utilicen teléfonos celulares para planificar y coordinar maniobras ilícitas desde el interior de los penales.

La medida fue oficializada esta madrugada a través de la Resolución 806/2026 y establece, mediante un convenio específico anexado a la normativa, un sistema al que podrán adherir voluntariamente las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa contempla la identificación de tres datos vinculados a cada dispositivo: el IMEI, que permite identificar al teléfono; el IMSI, asociado a la línea o tarjeta SIM; y el número telefónico. Una vez detectados dentro de las áreas restringidas de los establecimientos penitenciarios, esos datos serán enviados a las empresas de telefonía para que procedan al bloqueo correspondiente.

Para las jurisdicciones que adhieran, el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como una ventanilla única frente a las compañías telefónicas. El esquema se apoya en la Ley 24.660, que en su artículo 160 prohíbe las comunicaciones por celular dentro del sistema penitenciario, y en un manual de procedimiento técnico que el ENACOM había aprobado semanas atrás mediante la Resolución 734/2026.

Ese documento reparte responsabilidades: el ministerio provincial con competencia penitenciaria debe identificar los equipos activos en zonas restringidas y reportarlos a la ventanilla nacional; el servicio penitenciario de cada provincia debe monitorear en forma remota los sistemas de detección y avisar cualquier incidente de inmediato; y las operadoras, una vez recibida la solicitud formal, cuentan con un plazo máximo de 48 horas para confirmar que ejecutaron el bloqueo. Por lo tanto, las provincias por sí solas no podrán ordenar la inhabilitación ante las telefónicas.

La medida también amplía una política que el Gobierno ya había puesto en marcha en el ámbito federal. Según la resolución, el Ministerio de Seguridad Nacional había autorizado previamente al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en sus unidades. Ahora, el nuevo programa busca extender esa estrategia a las jurisdicciones provinciales.

La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal, que deberá coordinar el programa con las jurisdicciones que decidan adherir. La resolución también le delega a ese organismo la facultad de firmar los convenios de adhesión con las provincias.

 

 

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