La Corte dejó firme la condena a 20 años para un prefecto por el crimen de Cristopher Rego

22:26 | Viernes 25 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 20 años de prisión para el cabo de la Prefectura Naval Argentina Pablo Miguel Brites por el crimen de Cristopher Rego, asesinado de un balazo por la espalda tras evadir un control vehicular en 2018.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó los recursos presentados por las defensas porque no se dirigían contra sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los precedentes “Levinas” y “Marcelina”.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de agosto de 2018 en Ancaste e Iguazú, en el límite de los barrios porteños de Parque Patricios y Barracas.

Rego, de 26 años y quien había sido padre 40 días antes, conducía una Peugeot Partner que había comprado poco tiempo atrás y de la que no tenía en ese momento los papeles. En ese contexto, eludió un control.

Según la acusación, Brites se colocó delante de la camioneta y apuntó con su arma reglamentaria. Luego de que el conductor lo esquivara, efectuó dos disparos contra el vehículo y uno de los proyectiles atravesó el asiento e impactó a Rego en la espalda.

Tras el hecho, compañeros del prefecto que efectuó los disparos levantaron vainas del lugar.

En el juicio oral, Brites había sido condenado a prisión perpetua como autor material del “homicidio doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por abuso de sus funciones como miembro de seguridad”.

Además, el cabo Cristian López, la marinera Lucila Tamara Carrizo, el cabo segundo Javier Eduardo Fernández y el cabo primero Rubén Darío Viana fueron condenados inicialmente a cuatro años de prisión por “encubrimiento doblemente agravado” y a ocho años de inhabilitación.

La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó posteriormente la responsabilidad de los implicados, aunque redujo las penas: fijó 20 años de prisión para Brites y condenas de entre tres y tres años y medio para el resto.

Las defensas recurrieron en queja ante la Corte Suprema, que desestimó los planteos y dejó firmes las condenas.