Interpol rechazó nuevamente la solicitud de alerta roja contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa

La Comisión de Control de Archivos (CCF, por su sigla en inglés) de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rechazó la solicitud de alerta roja contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, realizada por un juez del Tribunal de Justicia en mayo pasado.

La comisión encargada de garantizar que todos los datos procesados ​​a través de los canales de Interpol estén ajustados a la normativa del organismo, rechazó por tercera vez consecutiva el pedido introducido, en esta ocasión, por el juez Walter Macías, el pasado 3 de mayo.

El documento fue emitido el 16 de agosto y expone de forma clara, que se carece de los datos requeridos por la Interpol para proceder a la difusión de la solicitud, incluso, señalaron que serán borrados los datos de los archivos del organismo internacional.

"La impugnación de datos no cumple con las normas de Interpols”, cita el documento emitido por una de las cámaras que conforma a la CCF.

Según trascendió en medios locales y entre abogados expertos, la Interpol ha cuestionado la veracidad de la información enviada por la Justicia ecuatoriana, apuntando a lo que se ha denunciado anteriormente por el mismo Correa como una persecusión política que va en contra de los DD.HH. y que también entra en contradicción con el documento constitutivos de Interpol.

La decisión del organismo ha sido interpretada por políticos y seguidores de la política ecuatoriana, como una burla internacional que representa la actual gestión del Tribunal de Justicia de Ecuador al enviar una solicitud de que carece de pruebas.

Esta petición tuvo lugar después de ser rechazado un requerimiento de "alerta roja" contra el exmandatario ecuatoriano, que introdujo el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León, posterior a otra solicitud realizada en septiembre del 2020.

El expresidente Correa, quien reside en Bélgica, ha recibido varias amenazas de alerta roja en su contra, igualmente denegadas por la Interpol, y que fueron realizadas por parte de la Justicia ecuatoriana que funcionó durante la gestión del exmandatario Lenin Moreno, y que persiste con el actual jefe de Estado.