Controversia en La Rioja por las nuevas reformas del Tribunal Superior de Justicia

Mientras el gobierno provincial destaca estos cambios como un avance hacia una mayor eficiencia y paridad de género en la administración de justicia, los detractores advierten sobre posibles consecuencias negativas y una concentración de poder.

El nuevo esquema, que incluye una composición de siete miembros con rotación anual en la presidencia, ha sido señalado por algunos como una maniobra para asegurar el control del poder judicial por parte del Ejecutivo. La designación de los jueces del Tribunal Superior por la Cámara de Diputados a propuesta del Gobernador, por un período de diez años sin posibilidad de reelección consecutiva, es vista por críticos como una forma de limitar la independencia judicial y facilitar nombramientos alineados con el poder político de turno.

Entre las nuevas atribuciones del Tribunal, la representación y superintendencia sobre los órganos de la Función Judicial, así como la dictaminación del reglamento interno, han suscitado inquietudes sobre una posible centralización y falta de transparencia. La obligación del Tribunal de informar trimestralmente sobre el estado de la administración de justicia, y de proponer anualmente el presupuesto de gastos, ha sido recibida con escepticismo, con algunos cuestionando la capacidad real del Tribunal para actuar con autonomía en estos ámbitos.

En cuanto al Consejo de la Magistratura, encargado de la selección y remoción de jueces y miembros de los Ministerios Públicos, las modificaciones también han generado polémica. La integración del Consejo cada tres años, sin reelección inmediata, y su composición mixta con representantes de distintos sectores, ha sido criticada por potencialmente favorecer a ciertos grupos políticos y no garantizar una verdadera representación independiente. Además, la exclusión de la posibilidad de ser miembro del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento simultáneamente, aunque justificada como una medida de transparencia, es vista por algunos como un obstáculo para la coherencia y la continuidad en la administración de justicia.

Los críticos también han señalado que el proceso de selección mediante un examen de idoneidad en concurso público puede no ser suficiente para garantizar la verdadera capacidad y neutralidad de los aspirantes. La rapidez exigida en los concursos, con un límite de 120 días corridos desde la convocatoria hasta la designación, ha sido cuestionada por ser demasiado breve para un análisis exhaustivo de los candidatos.

La comunidad jurídica y sectores de la oposición han manifestado su preocupación por la falta de consultas amplias y participación ciudadana en la formulación de estas reformas. La percepción de que estas modificaciones podrían ser utilizadas para consolidar el control político sobre el sistema judicial ha generado un clima de desconfianza y llamados a una mayor transparencia y debate público.

Estas críticas reflejan un profundo malestar y una sensación de vulnerabilidad en la sociedad riojana, que teme que estas reformas no cumplan con su promesa de una justicia más equitativa y eficiente, sino que, por el contrario, puedan socavar la independencia judicial y favorecer intereses particulares.