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La Cámara de Apelaciones de Trelew ratificó la condena al empresario Ricardo La Regina por la muerte de más de un centenar de pingüinos y la destrucción de su hábitat en 2021. El fallo es considerado un hito en la jurisprudencia ambiental argentina.
Jueves 22 de Mayo de 2025
12:22 | Jueves 22 de Mayo de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En 2021, Ricardo La Regina, empresario ganadero, llevó a cabo actividades ilegales en su propiedad lindante a la Reserva Natural Punta Tombo, en Chubut. Utilizó maquinaria pesada para abrir caminos sin autorización, lo que resultó en la destrucción de aproximadamente 200 nidos de pingüinos de Magallanes y la muerte de más de cien ejemplares durante su temporada reproductiva. Además, se desmontó flora nativa, afectando gravemente el ecosistema local.
En noviembre de 2024, La Regina fue declarado culpable por "daño agravado" y "crueldad animal", recibiendo una condena de tres años de prisión en suspenso. El empresario apeló la sentencia, solicitando la nulidad del juicio y la suspensión del proceso. Sin embargo, el 22 de mayo de 2025, la Cámara de Apelaciones de Trelew rechazó su pedido, confirmando el fallo de primera instancia.
Organizaciones ambientalistas como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdAA), Greenpeace Argentina y Fundación Patagonia Natural celebraron la decisión judicial, considerándola un "fallo histórico". Lucas Micheloud, co-director ejecutivo de la AAdAA, destacó que el uso del término "ecocidio" por parte de uno de los jueces marca un avance significativo en la protección legal del medio ambiente, aunque aún no esté tipificado como delito en la legislación argentina.
Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, subrayó la importancia de este caso como ejemplo de daño directo a la fauna y la necesidad de avanzar en la penalización de los delitos ambientales a nivel nacional.
Este fallo sienta un precedente en la jurisprudencia ambiental argentina, estableciendo que la destrucción de ecosistemas, incluso dentro de propiedades privadas, constituye un delito contra la sociedad en su conjunto. Además, impone límites claros frente a prácticas extractivas y destructivas que amenacen la biodiversidad y los bienes comunes.
La Regina deberá cumplir con reglas de conducta estrictas, incluyendo la prohibición de transitar con vehículos por zonas protegidas y la obligación de reparar el daño causado al medio ambiente.
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